El Congreso reclama una ayuda de 1.200 euros al año para cada menor de familia pobre

El Congreso reclama una ayuda de 1.200 euros al año para cada menor de familia pobre

Será la medida estrella del pacto de Estado por la Infancia que todos los partidos pidieron este martes al Gobierno que articule de inmediato

ALFONSO TORICESMadrid

El Congreso reclamó este martes al Gobierno por unanimidad que, de forma progresiva y con fecha límite en 2022, establezca una ayuda directa de 1.200 euros anuales que deberá recibir cada hijo o hija menor de edad de las familias pobres españolas.

Esta sería una de las medidas estrella del pacto de Estado por la Infancia que esta tarde todos los partidos del hemiciclo pidieron al Ejecutivo que impulse, lidere y convierta en una realidad lo antes posible. Según la proposición no de ley que tiene previsto avalar el pleno de la Cámara baja, se trata de elaborar y sellar un acuerdo político y social, al estilo del Pacto de Toledo o del más reciente pacto contra la violencia de género, que ponga en pie «un sistema de protección a la infancia y la familia», del que España ahora carece, pero que, además, lo haga a través de «un compromiso real y medible», porque todos los grupos exigen que el pacto de Estado tiene que establecer «compromisos de inversión presupuestaria específicos».

El objetivo es que el conjunto de programas y medidas que contenga el acuerdo termine con la altísima tasa de pobreza infantil española -con el 31,3% de los niños y adolescentes del país en riesgo de exclusión social-, que fomente la natalidad y que ataque los elementos que perpetúan la pobreza y la desigualdad entre muchos de los miembros de las familias más desfavorecidas, como son el fracaso escolar y el abandono temprano de los estudios, con su consiguiente reflejo en una enorme tasa de paro juvenil y en unas mínimas perspectivas de mejora a lo largo de la vida.

El mandato al Gobierno que este martes aprobó el Congreso no pretende marcar todas las disposiciones que debería incluir el pacto, que ahora tendrá que debatir y consensuar el Ejecutivo con partidos, organizaciones civiles y autonomías, pero sí que dice qué medidas presupuestarias, educativas y de protección concretas considera imprescindible que se incluyan.

El primer compromiso que consideran que debe tener el pacto, porque es el que hará posibles los demás, es el de que España incremente de forma progresiva, y con meta en 2022, la inversión en infancia hasta alcanzar la media de los países europeos. Eso supone prácticamente duplicar el gasto, pues habría que pasar del 1,3% del PIB actual al 2,4%. Pero, además, reclama que las partidas presupuestarias que se destinen a este fin estén perfectamente identificadas, para que puedan seguirse y evaluar su suficiencia y eficacia.

La segunda gran media es el establecimiento de una prestación directa de ámbito nacional para ayudar a cada uno de los hijos menores de familias pobres españolas. Esta ayuda estaría «condicionada a un límite de ingresos basado en los umbrales oficiales de pobreza», se implantaría de forma progresiva y en 2022 debería alcanzar los 1.200 euros anuales y a todos los beneficiarios legales. Su importe, además, deberá ser actualizado «regularmente» y sería compatible con otras ayudas sociales y educativas dirigidas a la infancia.

Sería una evolución de la actual prestación no contributiva de la Seguridad Social por hijo a cargo, que los diputados consideran «de limitada cuantía, baja cobertura e inapreciable eficacia». Esta ayuda, que ahora concede un máximo de 291 euros por hijo, se otorga a familias con dos hijos e ingresos no superiores a 11.605 euros, o con un 15% más de ingresos por cada hijo adicional.

2,5 millones de beneficiarios

Los diputados consideran que estas ayudas beneficiarían a casi 2,5 millones de niños y reducirían la tasa española de riesgo de pobreza infantil en un 18% y la de pobreza infantil severa en un 30%, al tiempo que tendrían un impacto «considerable» sobre las cifras de pobreza de los adultos.

La petición de pacto de Estado del Congreso incluye también otras dos reclamaciones muy concretas en el ámbito educativo. La primera es que Gobierno y comunidades autónomas deben alcanzar un compromiso para elevar en cuatro años al menos en 70.000 plazas la red pública para atender y educar a niños de 0 a 3 años, al tiempo que garantizan una escolarización gratuita a estas edades a los niños de las familias más desfavorecidas. Con esta medida la escolarización de 0 a 3 años alcanzaría el 40,26% frente al 37% actual.

El otro mandato es que la inversión pública en becas y ayudas al estudio alcance en cuatro años el 0,44% del PIB que destinan de media los países de la UE y del que España está muy alejado. Piden que se potencien sobre todo las becas no universitarias y que los alumnos con ingresos familiares por debajo del umbral de la pobreza tengan siempre derecho a la cuantía máxima, que deberá ser suficiente para cubrir los gastos educativos.