Un tercio de las condenas dictadas el año pasado fueron por delitos viales

Un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil somete a un conductor a la prueba para detectar el consumo de drogas./N. García
Un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil somete a un conductor a la prueba para detectar el consumo de drogas. / N. García

Los tribunales emitieron 89.264 sentencias culpatorias, de las cuáles 56.173 se debieron a delitos bajo la influencia de alcohol y drogas

ALAIN MATEOSMadrid

En España una de cada tres sentencias que se dictaron en 2018 en los tribunales pertenecieron a delitos contra la seguridad vial. El número de condenas alcanzó las 89.264, 7.313 más que en 2017, lo que significa un aumento del 9%. La mayoría de estas sentencias, 56.173, fueron por delitos bajo la influencia de alcohol y drogas. El perfil del condenado es el de «un asocial, de ignorancia absoluta y de exceso de confianza» señaló el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que ve «satisfactorio» este incremento ya que significa «eficacia». Actualmente en prisión hay 5.164 conductores que cometieron 6.600 delitos relacionados con la seguridad vial. De estos delitos, 250 fueron por homicidios imprudentes.

El alcohol y el consumo de drogas siguen siendo el foco principal de los juicios que se llevan a cabo por delincuencia vial con un 63% de las condenas. El año pasado se realizaron cinco millones y medio de controles de alcoholemia en las carreteras -solo se contabilizan las pruebas realizadas por la Guardia Civil-. Una dato que confirma el descenso iniciado en 2014, cuando se produjeron más de seis millones. Este dato contrasta con el aumento de controles de droga que fueron 139.703, casi 50.000 más que en 2017. El exceso de velocidad también es una de las causas principales de los procedimientos que se inician. El año pasado se abrieron dos millones y medio de diligencias, de las cuáles 450 fueron por la vía penal y la mayoría, por la administrativa. El 10% del censo de los conductores en España estuvo implicado en este tipo de procedimientos. «Es la carretera de todos, no de usted», advirtió el fiscal a este tipo de ciudadanos que los calificó de «imprudentes».

Los procedimientos judiciales iniciados por delitos contra la seguridad vial aumentaron en 14.351 el año pasado rompiendo la tendencia a la baja que se producía desde 2011 y alcanzando las 110.654 diligencias abiertas, tras tres años por debajo de las cien mil. Estos juicios se caracterizan por su «inmediatez y celeridad de la respuesta penal a la delincuencia vial» con un 74% de ellos resueltos por vía rápida, aseveró Vargas. La Fiscalía también aumentó su actividad en las diligencias con 86.452 acusaciones, 10.000 más que las realizadas en 2017. La mayoría de resoluciones -alrededor de 60.000- se saldaron con una multa, se retiraron 1.949 carnés de conducir y se impusieron 24.000 trabajos en beneficio de la comunidad.

«Las penas tienen el objetivo de resocializar», aclaró el fiscal en referencia a los más de 5.000 conductores que se encuentran presos por cometer algún delito contra la seguridad vial. «La ley es efectiva, inmediata y reinsertadora». De los 5.164 personas en la cárcel, 1.224 fueron condenados por un delito contra la seguridad vial como pena principal, mientras que los 3.940 internos restantes pese a tener penas viales no fueron sancionados por estas como el acto más grave. Desde las cárceles, tanto Fiscalía como las asociaciones de víctimas trabajan para concienciar y reinsertar a los presos con programas de carácter educativo como Taseval y psicológicos -para casos más graves- como Proseval.