Atención prioritaria

La sostenibilidad del sistema sanitario depende de que se adapte a los desafíos que comporta el envejecimiento y la detección temprana

El Foro de Médicos de Atención Primaria, integrado por ocho organizaciones, presentó ayer su propuesta de 30 medidas «urgentes» dirigidas a los Gobiernos autonómicos, doce de los cuales pueden ser renovados tras los comicios del 26 de mayo. El pasado 10 de abril, el Consejo Interterritorial de Sanidad aprobó el 'Marco estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria', que no contó con el acuerdo de las autonomías gobernadas por el PP debido a que tuvo lugar en puertas de la campaña para las generales del 28-A. La diferencia entre las medidas propuestas por las organizaciones representativas de los profesionales de la Medicina de Familia y de la Pediatría, y las pautas establecidas en esa última cita del Consejo Interterritorial o en los documentos correspondientes de algunas comunidades estriba en que estos últimos no comprometen dotación financiera alguna para la mejora en recursos humanos y en condiciones materiales de la Atención Primaria. Los programas con los que las distintas candidaturas concurrieron a los comicios generales y se presentan al gobierno de esas doce autonomías destacan por la total carencia de indicaciones económicas que pudieran avalar sus propósitos. Vacío que se traslada a los criterios 'estratégicos' con los que operan los demás Gobiernos autonómicos. Como si la financiación de la base que sostiene la pirámide sanitaria continuara siendo objeto de una subasta presupuestaria ajena al interés público, en la que la prevención, las patologías crónicas, el envejecimiento y la derivada social de la Atención Primaria quedaran de entrada en desventaja. El Foro de Atención Primaria se ha atrevido a poner sobre la mesa los números que las administraciones concernidas tienden a soslayar. Que el 20% de las cuentas públicas en materia de salud vaya dirigido a Atención Primaria para 2020, y que el porcentaje se incremente en cinco puntos para 2025, con un máximo de 1.500 pacientes por facultativo. Para lo que habría que incrementar en 4.350 millones la dotación de este nivel asistencial en los próximos cinco años. Es el emplazamiento al que partidos e instituciones deberían responder con sus propias cifras, a poder ser antes del 26 de mayo. Nuestro sistema sanitario se enfrenta a su sostenibilidad como servicio público. Lo cual exige que su propia estructura de costes se adecúe a los desafíos que comporta el envejecimiento y la necesidad de una detección temprana de patologías.