España vendió a Venezuela material antidisturbios que usa en la represión

Miembros de la Policía Nacional Bolivariana se enfrentan con manifestantes opositores. / S. Donaire/
Miembros de la Policía Nacional Bolivariana se enfrentan con manifestantes opositores. / S. Donaire

El Gobierno autorizó en el 2013 seis licencias a empresas nacionales para suministrar al país suramericano productos por 2,68 millones

MATEO BALÍNMADRID

La Plaza de Altamira de Chacao, al este de Caracas, es el epicentro de las protestas en Venezuela, donde se registran manifestaciones diarias contra el Gobierno de Nicolás Maduro desde el pasado 12 de febrero. El balance hasta la fecha es de 29 muertos y cientos de heridos en los disturbios. Los opositores acusan a las fuerzas de seguridad de excesos en la represión de las marchas, mientras que el Ejecutivo critica la inusitada violencia de las acciones de los denominados «colectivos».

Con este caótico panorama surgen voces que denuncian las detenciones arbitrarias, algunas de alcaldes opositores, y el uso de la fuerza, tortura y maltrato por parte de la Policía. La última del movimiento Amnistía Internacional, que el pasado viernes advirtió de que si las autoridades «no respetan los derechos humanos y no actúa con moderación, sus acciones provocarán aún más violencia».

En esta peligrosa espiral de terror una imagen dio la vuelta en las redes sociales el 4 de marzo. Un manifestante portaba una granada «aturdidora» de la empresa Calvin Falken S. A., una firma española que lleva varios años haciendo negocio a la otra orilla del Atlántico. Estos proyectiles que se veían por la plaza de Altamira de Chacao atacan a la vista durante varios segundos tras hacer explosión. En sus carcasas aparece una fecha de fabricación: 2012.

Ese curso, España exportó a Venezuela material antidisturbios por valor cercano a los 450.000 euros. Son licencias de empresas nacionales para distribuir a la Policía venezolana gases para fabricar artificios pirotécnicos no letales, aerosoles de defensa con pulsador y retardos. Estos datos son de la propia Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.

Pues bien, si el volumen de negocio ya era elevado comparado con otros países, en el primer semestre del 2013 las cifras crecieron de forma exponencial. Con el único matiz de que se trata de exportaciones que han sido autorizadas por el Gobierno y que no han sido realizadas todavía. Así, de enero a junio pasado el organismo público encargado de supervisar este mercado, la subdirección general de comercio exterior de material de defensa, aprobó seis licencias de equipamientos antidisturbios con destino a Venezuela.

Este material está valorado en 2,68 millones de euros, lo que supone más de la mitad de los 5,1 millones que España autorizó en ese periodo. Los otros países importadores, por orden de negocio, fueron Túnez (2,01 millones), Nicaragua (429.381 euros) y Argelia y Egipto, con una licencia cada uno pero sin contraprestación económica.

Otros países

Tras la autorización de licencias, está la ejecución de la venta. Y en ese capítulo Túnez lideró la venta de material antidisturbios hasta el pasado junio, con 1,9 millones. Le siguió Nicaragua (427.514 euros), Perú (406.059 euros) y Venezuela, 16.016 euros, dedicados a colorante para la fabricación de artificios pirotécnicos no letales, según el Departamento de Aduanas del Ministerio de Hacienda y las empresas exportadoras.

Según el reglamento español, en el grupo denominado 'otro material de defensa' se incluye la venta de armas de fuego, visores y miras telescópicas o de intensificación de luz o imagen; dispensadores de humo y gases lacrimógenos con sus lanzadores; y equipos de luz y sonido provocadores de aturdimiento para el control de disturbios. En este grupo entrarían las citadas granadas aturdidoras de Calvin-Falken que la policía venezolana ha empleado en Chacao. En otro grupo de material antidisturbio exportado por España están los vehículos para el control de tumultos con las siguientes características: sistemas para producir descargas eléctricas, sustancias incapacitantes, cañones de agua y dispensadores de gases.

Ventas

En el 2011, el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realizó ventas de este equipamiento a Venezuela por 145.823 euros, destinado a gases lacrimógenos. Pero fue en el 2010 cuando se produjo el gran negocio, ya que exportaciones realizadas a Caracas fueron de 1,62 millones para artificios lacrimógenos y piezas de vehículos policiales, mientras que las ventas autorizadas para 11 licencias ascendieron a 5,1 millones.

Los criterios que maneja el grupo que controla el comercio de armas tienen unas directrices «muy estrictas», recuerdan desde la Secretaria de Estado de Comercio. Se trata de un cuadro con ocho puntos que evalúan que el país receptor respete los derechos humanos según los convenios internacionales. Por ello, no expedirán una licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto para que el material pueda utilizarse con fines de represión interna. Esto le ocurrió a España con los países involucrados en la primavera árabe, como Egipto, Túnez o Libia, y no son pocas las voces que ahora lo piden también con Venezuela.