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El legado de Zapatero
los retos del ganador

El legado de Zapatero

El nuevo Gobierno se encontrará con una endemoniada situación económica y un final del terrorismo de difícil gestión

M.SAIZ-PARDO

Domingo, 20 de noviembre 2011, 02:05

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El nuevo Gobierno se va a encontrar con la complicada herencia de José Luis Rodríguez Zapatero , en la que sobresalen dos aspectos que serán de difícil gestión, la situación económica y el final del terrorismo. La crisis va a requerir de ajustes en el gasto y medidas impopulares que a buen seguro van a ocasionar protestas callejeras. La desaparición de ETA requerirá también decisiones que no van a ser fáciles de explicar para el nuevo Ejecutivo.

El reto de una economía que va de mal en peor

Desde que se anunció el adelanto electoral, la situación económica ha ido de mal en peor. El impacto de la crisis de la deuda soberana ha frenado en seco el crecimiento en la segunda mitad de este año, el mercado laboral sigue hundido, la sequía financiera ha pillado al sector bancario en plena reconversión y el crédito no llega a empresas y familias. En este angustioso marco, la credibilidad ganada por el Gobierno a golpe de ajustes y cambios se ha esfumado.

El nuevo Ejecutivo no va a disponer ni de cien días de gracia, porque el ataque de los especuladores contra los títulos de la deuda ha puesto al país en la frontera del rescate. Las primeras decisiones económicas del Gobierno, la actualización o no de las pensiones -congeladas este año- y los sueldos de los funcionarios -que vienen de sufrir un recorte-, serán examinadas con lupa por los analistas que mueven a los mercados y por los vigilantes de la UE.

Las cuentas de 2012 darán pistas de la orientación del nuevo Gobierno. Incluso si se cumple en este ejercicio la reducción del déficit al 6% del PIB, descender al 4,4% comprometido para 2012 exigirá un tijeretazo de 16.000 millones de euros. Y si las autonomías se pasan de la raya, cada punto porcentual de desviación exigirá recortar 10.000 millones más para compensarlo.

Las condiciones son las menos propicias. Con la economía al borde de la recesión, el parón de la actividad reducirá los ingresos públicos, que solo crecerán vía impuestos. Un mercado laboral con 4.978.300 parados hará casi imposible bajar de los 30.140 millones destinados este año a la cobertura del desempleo, a no ser que se apliquen condiciones de acceso más restrictivas.

Aunque muchas personas agotan la prestación -la cuota de protegidos está en el 68%, frente al 80% del verano de 2010- otros parados se incorporan. Y habrá que contar con el aumento de otras partidas de gasto, como el sobrecoste de la crisis de la deuda.

La gestión del fin de ETA sin levantar ampollas

El Gobierno que salga de las urnas se encontrará por primera vez desde la llegada a la democracia con un país sin la amenaza de ETA.

Tendrá que gestionar el fin de la organización terrorista sin levantar ampollas, sobre todo, entre las víctimas. PP y PSOE saben que todo va a girar en torno a la política penitenciaria para los 559 presos de ETA en España. Los próximos gobernantes no tendrán mucho margen de maniobra. Solo puede plantearse traslados o acercamientos. Hoy solo una treintena de los reclusos de ETA está en el País Vasco, los que han roto con la banda y han pedido perdón a las víctimas.

Graduar esos acercamientos será la principal herramienta del Gobierno. Eso sí, nadie apuesta por acercamientos masivos. Y poco más se podrá hacer en materia penitenciaria. Las reformas del Código Penal y la Ley Penitenciaria para el «cumplimiento íntegro y efectivo de las penas» dejaron las manos casi atadas para dar beneficios o excarcelar terroristas que no se arrepientan, más allá de los enfermos. Solo una improbable contrarreforma del Código Penal permitiría conceder 'semilibertades' a terroristas no arrepentidos con penas ya avanzadas. Ese mismo marco legal hace inviable una amnistía, como ha reclamado ETA.

Una reunión del futuro Ejecutivo con ETA para hablar de la entrega de la armas es una incógnita que solo el tiempo disipará. Tampoco, por el momento, ninguno de los dos partidos ha planteado reformar la ley de partidos, como también reclama la izquierda abertzale. Fuera de la esfera de actuación del Gobierno quedarán otros asuntos relacionados con la gestión del fin de ETA, como los 150 juicios a miembros de la banda pendientes en la Audiencia Nacional o el futuro de la 'doctrina Parot', que ha alargado las condenas a los terroristas más sanguinarios.

El rediseño el Estado de las Autonomías

El Estado de las Autonomías va a sufrir un cambio gobierne quien gobierne. PP y PSOE coinciden en que no puede seguir como hasta ahora, con comunidades que casi son 'miniestados', con organismos duplicados y un aparato burocrático desmesurado.

Esta reorganización no va a implicar la recuperación de competencias por parte del Gobierno central porque ni el programa popular ni el socialista lo contemplan. Pero es muy probable que desde Madrid se impulse un adelgazamiento de las estructuras autonómicas para hacer más sostenible el modelo y, sobre todo, para cumplir los objetivos de déficit y endeudamiento. A lo que no tendrá que atender el Gobierno es a nuevas reformas estatutarias. Hay media docena de comunidades que no modificaron sus marcos de autogobierno, pero no han anunciado que vayan a hacerlo en la próxima.

El próximo Gobierno, en cambio, sí tendrá que hacer frente a dos retos soberanistas en Euskadi y Cataluña. Los nacionalistas vascos ya han anunciado que en 2015 van a exigir un nuevo estatus jurídico y político para el País Vasco, en lo que parece que será una reedición del plan Ibarretxe. CiU, que gobierna la Generalitat, también pondrá sobre la mesa el próximo año la demanda del pacto fiscal para que Cataluña recaude y administre todos sus impuestos y pague después una suma a la Hacienda central en concepto de solidaridad interterritorial.

El Ejecutivo, sea del PP o del PSOE, va a rechazar ambas demandas, pero tendrá abiertos dos frentes en dos comunidades autónomas en las que el sentimiento independentista es creciente.

Las incógnitas del aborto y las bodas homosexuales

El nuevo Gobierno deberá decidir entre mantener el matrimonio homosexual, regulado desde hace seis años, o asumir las consecuencias y complicaciones de una derogación o limitación. Si opta por esta segunda alternativa tendrá enfrente al colectivo gay y a los sectores más progresistas, pero si se inclina por la primera provocará el enfado de la Iglesia y las asociaciones defensoras de la familia tradicional. La postura más probable, si gana el PP, es que espere a que el Constitucional se pronuncie sobre su recurso contra la norma, lo que dará una cobertura institucional a la decisión que tome.

El asunto de la interrupción voluntaria del embarazo no está más claro. Rajoy y otros dirigentes del PP han dado opiniones diversas y contradictorias. Lo único seguro es que este partido exigirá que cualquier menor de edad deba contar con permiso paterno para poder abortar. A partir de ahí está por ver si Rajoy reformará la ley o si la derogará para volver a la norma de los cuatro supuestos vigente desde 1985. Los populares ya tienen el precedente de José María Aznar, que, pese a criticar la ley del aborto en la oposición, no la tocó en sus ocho años de Gobierno.

Los populares tampoco han aclarado que harán en caso de victoria con otras normas de Zapatero a las que se enfrentaron, como la de igualdad, la de investigación con células madre o la de memoria histórica. Sí han anticipado que suprimirán la asignatura de Educación para la Ciudadanía para sustituirla por otra materia sobre las instituciones de España y de la UE.

Los difíciles pactos en las altas instituciones

La primera urgencia del nuevo Parlamento será la aprobación de la ley que desarrollará la reforma constitucional, que fija la limitación del déficit público, y la ratificación de los decretos de modificación presupuestaria que aprobará nada más llegar el nuevo Ejecutivo. La norma orgánica que PP y PSOE pactaron aprobar antes de junio debe establecer que el límite del déficit de las administraciones a partir de 2020 será el 0,4% del PIB.

Otro reto urgente para la nueva mayoría parlamentaria es desbloquear el funcionamiento de algunas instituciones del Estado que viven en situación de interinidad porque PP y PSOE fueron incapaces de pactar la renovación de 23 de sus miembros con mandatos agotados. Ambos partidos deben ponerse de acuerdo para sustituir a cuatro magistrados del Constitucional, que tienen su mandato caducado desde hace un año, y a los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas. La tercera institución que vive en situación de interinidad es el Defensor del Pueblo. Su titular, Enrique Múgica, cesó en junio de 2010.

El cuarto órgano estatal que vive en crisis permanente es el consejo de administración de RTVE, en el que es preciso renovar a seis de sus doce componentes, interinos desde hace casi dos años. La situación de la corporación es muy delicada porque carece de presidente desde julio, cuando dimitió Alberto Oliart.

La retirada de Afganistán y más presencia en la UE

El calendario de retirada de Afganistán, cuyo inicio está previsto para el primer trimestre de 2012, con la salida del 10% de las tropas (150 soldados), deberá ser ratificada por el nuevo Ejecutivo. La misión afronta su fase decisiva y la OTAN ha puesto el acento en que la salida sea ordenada, respetando los acuerdos de los países miembros en la cumbre de Lisboa.

Con respecto a las otras dos operaciones con presencia española, Líbano y Atalanta, no se esperan novedades, aunque es posible que el plan de recortes afecte también a ambas. Los programas de PSOE y PP hablan de la necesidad de reducir los efectivos en el exterior para gastar menos. En Exteriores el gran desafío será reafirmar la presencia de España en Europa. El que sea ministro del ramo tendrá más presencia en Bruselas, donde se cuecen las decisiones que marcarán el futuro de la UE. Los otros grandes retos serán potenciar la imagen del país en América Latina y mantener la correcta cohabitación con el vecino Marruecos, en un momento de turbulencias en el mundo árabe.

Un nuevo proceso penal

La situación de la administración de Justicia volverá a estar en la picota en la próxima legislatura y el futuro Gobierno no podrá mirar a otro lado si no quiere tener a los jueces en pie de guerra. El terreno ya está abonado por el esfuerzo inversor del Plan de Modernización de la Justicia. Un proyecto que ha reforzado los medios humanos y materiales de los juzgados, y que ha incorporado las nuevas tecnologías en los procedimientos.

El plan estrella fue la puesta en marcha de la nueva oficina judicial que racionaliza el trabajo de los juzgados. El modelo funciona en algunas provincias, aunque con fallos operativos. Por tanto, lo inmediato será engrasar la maquinaria para ponerla a pleno funcionamiento. Pero los previsibles recortes podrían entorpecer su desarrollo. Los colectivos de jueces, por tanto, buscarán el compromiso del nuevo ministro de Justicia para no frenar el proyecto. Otro reto será la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882. La ventaja para cambiar el proceso penal es que parece que hay consenso entre los dos partidos mayoritarios. En todo caso, la carrera judicial y los fiscales también tendrán algo que decir. Más si cabe si el Ministerio Público acaba asumiendo la instrucción de los casos que ahora recae en los jueces.

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