El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, visita este lunes Almaraz

La central afronta su día a día manejando un doble escenario: que se cumplan el plan firmado en el año 2019 o que las mismas partes que entonces pactaron el cierre escalonado de los siete reactores entre 2027 y 2035, ahora reculen y modifiquen los plazos rubricados en ese momento. Porque el escenario geopolítico mundial de 2019 no es el de ahora, entre otros motivos por la guerra de Ucrania y sus implicaciones en el suministro de gas, la escalada bélica global o el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

La evidencia de que el escenario internacional actual no es el de hace seis años es uno de los argumentos que esgrimen las compañías para forzar al Gobierno a cambiar su hoja de ruta. Los responsables de las tres eléctricas han declarado públicamente en las últimas semanas que es necesario prorrogar la vida de Almaraz, si bien condicionan la continuidad de la planta a que se les bajen los impuestos que pagan. Y esto último es una línea roja para el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que viene repitiendo que no acepta la rebaja fiscal que piden las empresas. El argumento del Gobierno es que los gastos de gestión de los residuos radiactivos (la denominada tasa Enresa) los deben pagar quienes los generan y no los ciudadanos.

Sin embargo, en las últimas semanas ha cobrado fuerza la posibilidad de una miniprórroga de dos años y tres años para cada uno de los reactores de Almaraz, de modo que la central cesaría su actividad en el año 2030. Las propietarias están abiertas a esta opción, y creen que así habría tiempo replantearse el mix energético nacional.

El primer partido de la oposición defiende que la crisis arancelaria ha abierto un nuevo escenario que no se resolverá con créditos y avales, sino con medidas fiscales concretas y otras de largo recorrido que permitan a las empresas afectadas afrontar la embestida económica. Los populares reclaman, entre otras cosas, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo las nuevas medidas contra los aranceles, así como eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica o alargar la vida útil de las centrales nucleares. Propuestas que se incluyen en el plan de competitividad que el propio Feijóo esbozó la semana pasada y que el primer partido de la oposición llevará al Congreso si el Gobierno no acepta finalmente sus propuestas.

De entre todas las medidas que los conservadores han puesto sobre la mesa, la que tiene la llave para desatascar la negociación antiaranceles es la que concierne al cierre de las nucleares, que en Génova consideran necesaria para abaratar el precio de la energía y contribuir así a que las empresas afronten con más garantías el impacto.

Los populares avisan de que no extenderán «cheques en blanco» e insisten al Ejecutivo de Sánchez que aún está a tiempo de rectificar y reconsiderar algunas de sus propuestas. «La pelota -señalan en el PP- está en su tejado».