El TSJEx duda que la ley que permitió Isla Valdecañas sea constitucional

Zona de playa artificial del resort, y al fondo, el embalse. /HOY
Zona de playa artificial del resort, y al fondo, el embalse. / HOY

La norma que ahora se somete al dictamen del TC permitió homologar el proyecto del resort cuando ya tenía dos sentencias en su contra

Antonio J. Armero
ANTONIO J. ARMEROCáceres

¿Es inconstitucional la ley extremeña que permitió que el proyecto de Marina Isla Valdecañas siguiera adelante cuando ya tenía en su contra dos sentencias? El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) cree que la respuesta puede ser sí, y por este motivo ha acordado plantear lo que en el lenguaje judicial se denomina una cuestión de inconstitucionalidad. O sea, le pide al Tribunal Constitucional que responda él a la pregunta, de modo que aclare si el contenido de esa norma autonómica vulnera la Constitución Española.

Buena parte de lo que ahora llega hasta la instancia más alta del ordenamiento jurídico nacional ocurrió en marzo del año 2011. El día 9, el TSJEx emite una sentencia –ratificada en enero de 2014 por el Tribunal Supremo– en la que declara «nulo de pleno derecho» el decreto de la Junta de Extremadura que aprobaba definitivamente el PIR (Proyecto de Interés Regional) de Marina Isla Valdecañas. En la práctica, eso equivalía a declarar ilegal el complejo. Veinte días después, PP y PSOE aprueban en la Asamblea de Extremadura –entonces no había más partidos en ella– la ley 9/2011, que modifica Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (la Lsotex, como es más conocida).

Esa ley 9/2011 que cambia la Lsotex es la que deberá examinar el Constitucional. Son poco más de cuatro páginas, pero la controversia judicial se centra en un párrafo. Es el siguiente: «La mera inclusión de unos terrenos en la Red Natura 2000 no determinará por sí sola su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo ser objeto de una transformación urbanística compatible con la preservación de los valores ambientales necesarios para garantizar la integridad del área, y comprendiendo únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que expresamente se autoricen en el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental».

La Sala cree que se aprobó para salvar al complejo de los fallos judiciales que ya lo habían declarado ilegal

El TSJEx cree que este párrafo va contra la Ley del Suelo nacional vigente entonces, que establece justo lo contrario. Esto es, que los terrenos de la red Natura 2000 solo se pueden modificar si se ha demostrado científicamente que han perdido el valor ambiental que motivó su protección y previa autorización por parte de la Unión Europea, dos requisitos que no se dieron en el caso de Valdecañas. En este punto, hay que recordar que el suelo que ocupa el lujoso complejo residencial y de ocio formaba parte de la zepa (zona de especial protección de aves) Embalse de Valdecañas y de la masa de agua declarada LIC (lugar de importancia comunitaria) denominada Márgenes de Valdecañas.

En su auto del pasado 9 de abril, la Sala de lo contencioso administrativo recuerda que una ley autonómica no puede contradecir a una nacional, y considera que el párrafo de la ley 9/2011 antes citado «vulnera la normativa básica del Estado». Y lo mismo ocurre con la disposición adicional única, que básicamente regula el procedimiento a seguir para poder acogerse al artículo 11. Según el TSJEx, la norma que salvó el PIR de Isla Valdecañas es contraria a los artículos 24.1, 117, 118 y 149.1 de la Constitución, que abordan cuestiones como el derecho a la tutela judicial efectiva o la competencia exclusiva del Estado para regular condiciones que garantizan la igualdad entre los españoles.

Suspende la causa judicial

El auto emitido la semana pasada no termina ahí. También afirma que esa ley que aprobó la Asamblea de Extremadura «tiene la finalidad de eludir el cumplimiento de las sentencias del TSJEx y el Supremo».

Además, la Sala toma una decisión: suspender el proceso hasta que el Constitucional responda. No se refiere al procedimiento que en los últimos meses ha ocupado tanto espacio informativo, que es el que trata de dirimir si se pueden o no ejecutar las sentencias del TSJEx y el Supremo que declaran ilegal el PIR y ordenan la restitución de los terrenos a sus estadio anterior. No es este proceso –que entre sus periciales incluye un informe de la Estación Biológica de Doñana– el que se suspende, sino otro paralelo que ahora está en fase declarativa, es decir, menos avanzado que el otro. El que se cancela ahora es el que plantea que el PIR se homologó de forma ilegal, un asunto en el que la ley 9/2011 es capital. Hasta el punto de que si se declara inconstitucionalidad, este proceso habrá quedado poco menos que finiquitado.

Según dos fuentes judiciales, la decisión del Constitucional puede acabar repercutiendo sobre la otra causa, la más mediática, la del incidente de ejecución de sentencia, que de momento no se ha suspendido. Lo cual no quiere decir que pudiera hacerse próximamente, si la Sala entiende que no debe resolverse sin conocer lo que opina el Constitucional, que viene tardando de dos a tres años en resolver cuestiones de inconstitucionalidad.

Podría ocurrir, pues, que la decisión de si hay que derribar o no el complejo ubicado en El Gordo y Berrocalejo se retrase. Empezó hace 12 años, y nadie precavido se atreve a dar una fecha para su final.

Más información