El promotor de Valdecañas afirma que el informe de Doñana tiene datos falsos

Un momento de la primera de las dos mesas redondas organizadas este martes en Cáceres. /Jorge Rey
Un momento de la primera de las dos mesas redondas organizadas este martes en Cáceres. / Jorge Rey

«Hay políticos y técnicos de la Junta que tendrán que responder con los gastos que el proceso judicial va a conllevar», plantea Podemos

Antonio J. Armero
ANTONIO J. ARMEROCáceres

La persona del público que más cerca tiene Irene de Miguel es precisamente esa de la que está hablando. «El promotor sabía perfectamente que el complejo se estaba construyendo en una ZEPA», afirma la diputada regional de Podemos, sentada en la tribuna de los intervinientes, en una esquina. A un metro, en la última butaca de la primera fila, José María Gea, el recién aludido, pulsa una y otra vez el botón del bolígrafo que tiene en la mano. Aunque es uno de los ponentes en la siguiente mesa redonda, no espera a ese momento y es él quien abre el turno de intervenciones del público en el primero de los dos debates que este martes se celebraron en Cáceres, organizados por Interra (Instituto de Desarrollo Territorial Sostenible de la Universidad de Extremadura).

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La presencia de políticos y técnicos para hablar sobre el complejo Marina Isla Valdecañas llenó el salón de grados de la facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, con bastante jóvenes entre el público. Después de tres horas de debate, quedó claro que el asunto genera división de opiniones, y que están extendidas las posiciones extremas.

En línea con este escenario polarizado, el protagonismo en la segunda mesa redonda, la de los técnicos y profesionales, lo coparon en gran modo quienes ocupaban los extremos de la mesa, los dos José María: Gea por un lado y por el otro, Trillo, abogado de Ecologistas en Acción. «Isla Valdecañas es un problema de legalidad urbanística y ambiental, que no se habría dado si el complejo se hubiese levantado a un kilómetro de donde está, que era una zona protegida», resumió Trillo. «Los ecologistas –añadió– no estamos en contra del desarrollo, sino que defendemos que este se haga de manera sostenible». «¿Es que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y el Supremo han declarado ilegal el proyecto porque son ecologistas? –añadió Trillo– Obviamente, no. Han fallado como lo han hecho (ordenando la devolución de los terrenos a su estado originario) porque se actuó de modo ilegal».

«Esas mismas sentencias –afirmó el promotor del resort– dejan claro que lo hicimos todo legalmente, contando con los permisos necesarios». «Que un procedimiento que contó con todos los vistos buenos necesarios esté como está 16 años después es como para darse de cabezazos contra la pared», lamentó José María Gea, que afirmó que llegados a este punto, lo que quiere la promotora es «que haya solución definitiva ya». El empresario adelantó que no recurrirán si la decisión última es el derribo, aunque no renunciarán a los daños patrimoniales que pudieran corresponderles por el perjuicio causado. Además, aseguró que «el informe de la Estación Biológica de Doñana contiene datos falsos». «Y no quiero decir nada más sobre él», zanjó.

«Es contradictorio»

Ese documento de 1.118 folios elaborado por encargo del TSJEx lo ha analizado durante tres meses Yonatan Cáceres, doctor en Ingeniería Agronómica y Forestal y licenciado en Ciencias Ambientales. Y sus conclusiones son tajantes. «Es contradictorio, usa un lenguaje especulativo y presenta tremendas debilidades», aseguró este martes el especialista.

«Las ZEPA deberían ser para proteger a las aves que presenten una situación de especial debilidad», expuso José Carlos Escudero, catedrático de Ecología. Y Jesús Viñuales, presidente del Clúster del Turismo de Extremadura, sugirió «que se alcance un pacto social y político para evitar el derribo de Valdecañas». Una propuesta en esa línea ya la había lanzado Valentín García, que representó al PSOE en la primera mesa, la de los políticos. «Si las sentencias fueran tan claras, no estaríamos como estamos –apuntó el portavoz socialista en la Asamblea–. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura está dándole vueltas al asunto, por eso ha pedido a la Estación de Doñana más datos».

Para Virginia Alberdi, diputada del PP, «todo se hizo mal desde el principio». «Lo deseable –planteó– es que el proyecto del complejo se desarrolle entero (o sea, que se construyan más chalés y otro hotel, entre otras dotaciones), porque no podemos seguir lastrando el futuro de Extremadura. No hay que buscar un modelo de desarrollo nuevo, porque lo tenemos delante».

Los debates celebrados este martes certifican que el resort genera opiniones que no coinciden en casi nada

Justo al revés opina Irene de Miguel. «Hay que plantear otros modelos, porque llevamos cuarenta años igual, y en este tiempo, en nuestra región no han gobernado los ecologistas, sino el PSOE y el PP». «Hay que ejecutar las sentencias para que quede claro que nadie está por encima de la ley», defendió este martes la representante de Podemos, que también cree que Extremadura «lleva demasiado tiempo siendo el patio de recreo de las clases privilegiadas de este país». Ante la hipótesis de que haya que demoler el resort, de Miguel defendió que «no debería repercutir en los bolsillos de los extremeños», y afirmó que hay «políticos y técnicos de la Junta que tendrán que responder de manera patrimonial con los gastos que el caso va a conllevar». «No tienen que pagarlo los extremeños», defendió también Alberdi, que habló de «pedir responsabilidades a los que dieron la autorización para la construcción». «Que Fernández Vara diga de dónde va a sacar el dinero», concluyó la diputada del PP, partido que junto al PSOE aprobó en la Asamblea el PIR que hizo posible Isla Valdecañas, el complejo que da nombre a un caso judicial que «no va a hundir a Extremadura porque Extremadura ya está suficientemente hundida», resumió Cayetano Polo, líder regional de Ciudadanos. «La única especie en extinción en nuestra comunidad es la humana», añadió Polo, que llamó a «no expulsar de la región a la gente que invierte aquí su dinero, porque no nos sobra».

Entre todas estas opiniones se alzó la voz del propietario de una villa de lujo en Marina Isla Valdecañas. La de Javier Cobián Cubas, que criticó «a los ecologistas» y repitió tres veces un mensaje: «A mí, nadie me va a tirar la casa».