La Junta y los propietarios intentan restar credibilidad al informe sobre Valdecañas

La Junta y los propietarios intentan restar credibilidad al informe sobre Valdecañas
Lorenzo Cordero

En la vista pública celebrada ayer en el Tribunal Superior de Justicia pusieron en duda el método usado por los peritos de Doñana, que defendieron su trabajo

Álvaro Rubio
ÁLVARO RUBIOCáceres

Las grandes diferencias entre las partes implicadas en el caso Valdecañas se hicieron ayer evidentes. Protagonizaron un nuevo capítulo de un conflicto que dura más de una década. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) acogió en Cáceres una vista pública para aclarar cuestiones sobre el informe realizado por cinco peritos de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A un lado de la sala, los abogados de la Junta de Extremadura, de la promotora del proyecto, de los propietarios de la viviendas y de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo. Al otro, los letrados de las asociaciones Adenex y Ecologistas en Acción. Y en el medio, los técnicos que elaboraron el trabajo de 1.100 páginas en el que respondían a cuestiones sobre este complejo residencial y de ocio edificado sobre unos terrenos que deben ser restituidos a su estado original, según las sentencias dictadas por el TSJEx y el Tribunal Supremo.

Este fallo aún no se ha cumplido y está abierto un proceso que debe dilucidar cómo se ejecuta la citada sentencia. Es ahí donde entra en juego dicho informe, que defiende que mantener el complejo residencial con su uso actual es más dañino que demolerlo parcialmente. Eso se traduce en derribar las edificaciones y las estructuras pavimentadas sobre rasante, lo que supone el 22,3% del complejo. «La lógica es eliminar el foco de actividad humana. Hacer movimientos de tierra sería sumamente perjudicial», dijeron los peritos ayer en más de una ocasión.

Ellos se sometieron a medio centenar de preguntas de las partes implicadas y, aunque todo apuntaba a que se trataba de una vista que se iba a limitar a tecnicismos, también se vivieron momentos tensos. Mientras unos (propietarios, promotores, Junta y ayuntamientos) se centraron en intentar desmontar el informe, otros (ecologistas) se basaron en agradecer el trabajo realizado por los peritos.

«No acepto que sugiera que somos tendenciosos», dijo uno de los técnicos al abogado del promotor

El abogado de la Junta, Antonio Alonso, fue el que más se extendió. Ocupó dos de las cuatro horas que duró la sesión. Puso en duda la metodología utilizada por los técnicos y nada más empezar dijo que el informe está lleno de «oscuridad, incertidumbre, contradicción y errores». Incluso preguntó a los peritos por su experiencia en estudios de impacto ambiental. «Sí, tenemos», afirmaron de manera tajante. No consideraron necesario aportar datos de su trayectoria. Antes ya habían respondido a más de una veintena de preguntas sobre aves, especies arbóreas, vertidos de aguas residuales y aspectos sobre la legislación utilizada en el trabajo, entre otras cuestiones, que ponían de manifiesto sus conocimientos.

La última cuestión planteada por el abogado de la Junta también quiso poner en duda el proceso de entrega del informe pericial. Le preguntó a los peritos si lo habían hecho público antes de entregarlo al TSJEx, algo que negaron rotundamente. En ese momento hasta intervino el juez. «Esa insinuación es falsa. Ninguna de las partes, ni el tribunal ha tenido acceso al informe antes de diciembre», aclaró.

Pero esa no fue la única matización que tuvo que hacer el juez de la sala. Antes ya había intervenido para decir que algunas de las cuestiones planteadas «estaban perfectamente explicadas en el informe y las respuestas eran obvias». Incluso pidió a las partes que no se centraran en aspectos poco relevantes. «Lo que pasó cuando se hizo el complejo ya lo sabemos. La obra es ilegal e insistir en temas como las construcción no tiene sentido porque ya sabemos lo que pasó. Estamos aquí para saber cómo ejecutar, cuándo, cómo y de qué forma», añadió.

Momento más tenso

El momento más tenso lo protagonizaron uno de los cinco peritos y el abogado del promotor del 'resort', Antonio Uceda. «No acepto que sugiera que somos tendenciosos. No le permito que diga que todo lo que va a favor de la Isla de Valdecañas lo subrayamos y la documentación contraria no», respondió el técnico ante insinuaciones que ponían en entredicho la metodología utilizada por los técnicos.

También cuestionó a los peritos el abogado Luis Díaz Ambrona, que defiende a dos de las comunidades de propietarios de Isla de Valdecañas. Planteó por qué los técnicos del CSIC «no han acudido a fuentes oficiales para obtener datos de lo que era la isla antes de que se construyera el complejo urbanístico». Según este letrado, no habrían solicitado información a organismos públicos, ni a la Sociedad Española Ornitológica. También aludió a que «no es normal que se tome como modelo Cataluña desde el punto de vista ambiental, cuando lo lógico sería haber tomado datos de la zona de Extremadura».

Por su parte, los ecologistas dejaron claro que confían en el trabajo que hace el CSIC y no plantearon dudas sobre la rigurosidad y metodología del informe.

La cita de ayer es la última fase para resolver este conflicto. A partir de ahora se abre un plazo de 20 días para que las partes presenten alegaciones. Después, el TSJEx tendrá otros 20 días para resolverlas, lo que dará paso a una resolución que determinará cómo y en qué términos se ejecuta la sentencia de derribo que pesa sobre el complejo Isla de Valdecañas.

A esto se suma otro asunto judicial. El Tribunal Constitucional todavía debe pronunciarse sobre si los cambios que aprobó en su momento la Asamblea de Extremadura en la ley del suelo para legalizar este Proyecto de Interés Regional (PIR) son constitucionales o no, después de que una sentencia declarara nulo el PIR.