La Junta pone en marcha la ejecución del auto judicial sobre Valdecañas

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) definió el pasado martes cómo deben ejecutarse las sentencias de 2011 y 2014 que dieron la razón a Adenex y Ecologistas en Acción y declararon que la urbanización era ilegal. La resolución judicial señala que la demolición completa sería más dañina para el medio ambiente que su mantenimiento, por lo que solo ordena tirar lo que quedó a medias. Para ello, reclama un plan que debe estar listo en medio año, así como poner en marcha las depuradoras de El Gordo y Berrocalejo.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, señaló que el Gobierno regional quiere «cumplir cuanto antes y de la mejor manera posible» el auto del TSJEx.

Según dijo, no se trata de actuar con celeridad, sino con diligencia, ya que el auto establece unos plazos para su ejecución y para poder cumplirlos la Junta considera que debe empezar ya. En cuanto al recurso anunciado por los ecologistas, la vicepresidenta señaló que el Gobierno regional no valora decisiones de otras partes.

En caso de que se admita a trámite, se podría acordar como medida cautelar la suspensión de la ejecución. En ese caso, la Junta debería paralizar los trabajos iniciados ayer con la creación del citado grupo de trabajo.

La comisión estará presidida por José Manuel Jover, responsable de la Abogacía General de la Junta (antes Dirección General de los Servicios Jurídicos). La vicepresidencia recaerá sobre la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, en este caso Consuelo Cerrato. Serán vocales los responsables de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio (María Curiel) y de las direcciones generales de Política Forestal (Pedro Muñoz), Planificación e Infraestructuras Hidráulicas (Álvaro Jiménez) y Sostenibilidad (Jesús Moreno).

La comisión se encargará de aprobar un plan de trabajo para proceder a la demolición y restauración acordadas en la sentencia, así como un programa para proteger el medio ambiente y fijar las medidas compensatorias que correspondan. Asimismo, velará por que se realice el pago de indemnizaciones a las asociaciones ecologistas y por las actuaciones a realizar en materia de depuración de aguas en los municipios afectados.

A las reuniones de la comisión se invitará como observadores a las asociaciones ecologistas y a una persona que represente a otras partes del procedimiento.

Además de este asunto, el Consejo de Gobierno aprobó la convocatoria de ayudas a explotaciones con dificultades de comercialización de corderos y cabritos por la crisis del coronavirus con cerca de 2,2 millones. Asimismo, se acordó convocar ayudas para mejorar fincas rústicas de propiedad municipal con un presupuesto de 2,25 millones.

También se aprobó contratar el acondicionamiento de caminos rurales de Campanario, Castuera, Cañamero y Aliseda por cerca de un millón de euros; y destinar 1,8 millones para construcción y reforma de centros sanitarios de titularidad municipal.

Por último, el Consejo de Gobierno aprobó el nombramiento de Francisco Javier Amaya como secretario general de Educación; el de Antonio Javier García Carrasco como director gerente de Urvipexsa y el de Cristina Reyes como directora gerente de la Fundación Extremeña de la Cultura.