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Miércoles, 27 de septiembre 2017, 23:27
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La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a Salvador Isidro Regodón por haber cometido un delito contra la Seguridad Social. Salvador Isidro fue alcalde de la localidad cacereña de Ruanes durante 16 años, diputado provincial por el PP y presidente de la Mancomunidad Sierra de Montánchez.
El delito lo cometió al regentar un bar-restaurante en su pueblo. Según consta en la sentencia como hechos probados, Salvador Isidro era administrador único de la sociedad Rebaraeco S. L. dada de alta en la Seguridad Social con fecha 31 de octubre de 2000, figurando cuatro trabajadores dados de alta desde el 1 de noviembre de 2000. Conocía que tenía la obligación de ingresar las cuotas deducidas de las nóminas de esos trabajadores, pero dejó de abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social, en el periodo comprendido entre enero de 2013 y julio de 2016, la cantidad de 233.123 euros.
La Audiencia indica que el empresario mostró una nula voluntad para regularizar la deuda, «haciendo caso omiso de los diversos requerimientos tanto de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la localidad de Trujillo como de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de Cáceres, no acudiendo ni tan siquiera a los llamamientos efectuados para la presentación de documentación».
La acusación particular, el letrado de la Seguridad Social, llegó a pedir 6 años de cárcel para el ex diputado provincial, así como indemnizar a la Tesorería con 606.555 euros y pagar una elevada multa. El fiscal, en un principio solicitó 4 años de cárcel, pagar una multa de 702.370 euros y que indemnizara a la Tesorería General de la Seguridad Social con 583.637 euros.
Durante el juicio, que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre, la fiscalía rebajó la petición de pena de prisión a dos años, rebajando también la multa y la indemnización. Salvador Isidro ha sido representado por el abogado Javier Vega Parra.
La Audiencia ha decidido condenar a Salvador Isidro, como autor de un delito contra la Seguridad Social, a dos años de prisión y pagar una multa de 329.940 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad en caso de impago de la multa por insolvencia. También debe indemnizar a la Seguridad Social con 233.123 euros. No podrá obtener ayudas públicas durante cuatro años, no pudiendo en ese tiempo gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Se le imponen las costas procesales, incluidos los gastos de la acusación particular. La sentencia es firme.
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