«Actué de buena fe», declara ante el juez el exalcalde de Santa Cruz de Paniagua

Los tres acusados; de pie, el exalcalde Ángel Cervigón. ::/L. CORDERO
Los tres acusados; de pie, el exalcalde Ángel Cervigón. :: / L. CORDERO

La Fiscalía pide siete años de cárcel para él y cinco para otros dos acusados; los tres aseguran ser inocentes

Sergio Lorenzo
SERGIO LORENZOCáceres

«Tengo estudios primarios. Nosotros seguimos cobrando y pagando como hacía el anterior alcalde. Actué de buena fe», afirmaba este martes Ángel Cervigón, alcalde socialista de Santa Cruz de Paniagua desde el año 2003 al 2011, que está acusado de un delito continuado de prevaricación, un delito de malversación de caudales públicos y otro de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

Se le acusa de haber cobrado entre 400 a 500 euros al mes en kilometraje sin entregar justificantes. Él asegura que tenía un salario a tiempo parcial y que pasaba el kilometraje de los numerosos viajes que hacía con motivo de su cargo, sin cobrar comidas ni otras dietas.

El exalcalde tiene una empresa de autobuses, y la fiscalía indica que el Ayuntamiento contrataba con ella de manera ilegal. Afirmó que se contrataba a su empresa porque no había tiempo para contratar a otra, que igual tenía que venir de una localidad a 30 kilómetros, «y seguramente iba a cobrar más que yo». Eran viajes, según él, a la fiesta de la mancomunidad o para llevar a las mujeres a hacerse mamografías. Ángel Cervigón llegó a hacer un comentario 'campechano' sobre el viaje que hicieron a la fiesta romana en Cáparra. «Es una fiesta muy bonita. Si no la conocen se la recomiendo», dijo al tribunal.

También se le acusa de haber contratado a sus dos hijos unos meses, pero porque no había otras personas para los trabajos que hicieron.

Él recalcó que no tiene estudios y que hacía lo que le indicaba otro acusado, Antonio Jesús S. F., del que indicaba que hacía las funciones de asesor y que era secretario del ayuntamiento de Plasencia. «Siempre me he fiado de Antonio –dijo–. Si Antonio me decía que metiera la mano en el fuego, la metía».

Después de él declaró la acusada María D. L. M., que fue alguacil del Ayuntamiento desde 1985 y, según la fiscalía, fue designada secretaria en 1999, cargo que desempeñó hasta 2010, cuando Antonio fue nombrado secretario interventor y ella pasó a ser auxiliar administrativa. Se le acusa de cobrar gratificaciones y emplear a familiares.

Ella dijo que lo que cobraba era legal, que era su sueldo de alguacil más un complemento por hacer trabajos de función administrativa. Sobre la contratación de su marido como fontanero, dijo que había sido por la urgencia: «Si vas al Ayuntamiento y ves el agua corriendo por las escaleras, pues el alcalde dice que hay que solucionar el problema enseguida y lo más rápido era llamar a mi marido». Aseguró, de todas formas, que ella no tomaba decisiones. Señaló que quien las tomaba era Antonio. «Yo no tengo conocimiento de leyes ni de nada», dijo.

Antonio declaró el tercero. Dijo que había trabajado como asesor del Ayuntamiento, ya con el anterior alcalde, antes que Ángel Cervigón, y que él hacia la contabilidad con los pagos ya realizados, sin saber que algunos contratos eran de familiares. Dijo que dejó de trabajar con el nuevo alcalde del PP, que les denunció, después de 2011, «porque me quería hacer comulgar con ruedas de molino y había un primo suyo que tenía acceso a todo, que era un conseguidor». Defendió su gestión.

En el juicio hubo testigos que indicaron que en un pueblo de 300 habitantes es fácil contratar a una persona que es familiar del que manda. Se indicó que el siguiente alcalde contrató a su hermana.

El juicio se ha aplazado hasta el próximo día 19 de junio. La fiscalía pide para el exalcalde 7 años de prisión, 21 años de inhabilitación de empleo o cargo público y una multa de 5.400 euros; y para cada uno de los otros dos acusados cinco años de prisión y 16 de inhabilitación.

Ellos afirman ser inocentes y sus abogados piden su absolución.