«Nos hemos quedado sin las tierras y sin las casas que nos prometieron a cambio»

Una familia de Valdelacalzada vendió un terreno en 2003 a cambio de tres viviendas, pero la empresa no cumplió su parte

Estefanía, Helena, Olga y Pepi delante de la urbanización que se hizo en sus tierras. :: CASIMIRO MORENO
Natalia Reigadas
NATALIA REIGADASBadajoz

En Valdelacalzada hay una promoción con casi 300 unifamiliares que es conocida en el pueblo como 'las casas de Toñete'. Es el nombre del que era propietario de las cinco hectáreas donde se edificaron las viviendas. Por un giro de las circunstancias, su mujer y sus hijos podrían ser desahuciados de esas casas.

Los dueños del terreno firmaron un contrato de permuta hace 16 años. Vendieron 49.000 metros cuadrados a cambio de 42.000 euros y tres viviendas. Cuando se mudaron, sin embargo, descubrieron que sobre sus casas pesaba una hipoteca. Se negaron a pagar y fueron a juicio contra la constructora. Hace poco una sentencia les dio la razón y fijó una indemnización, pero la empresa ha quebrado y no va a pagar, por lo que el banco puede ejecutar el préstamo. Hasta ahora han logrado paralizar los desalojos, pero temen perder sus casas, además de sus terrenos.

Toñete Garrosa falleció, pero su viuda, Pepi González, recuerda muy bien el día que les ofrecieron comprarles las tierras. Durante años plantaron frutales en la zona, pero el matrimonio se hizo mayor y no los explotaban. «Nos ofrecieron el valor total de la parcela o un dinero y tres casas de las que iban a construir. Como mis hijos ya eran mayores, decidimos tener las viviendas para ellos». El trato se formalizó con dos contratos, el primero, uno de compra-venta de 42.000 euros a cambio de las tierras y un segundo de permuta, privado, en el que se comprometían a cederles tres viviendas.

La edificación se retrasó, entre otros motivos, porque la constructora original (Corporación de Extremadura Manuel Blanco S. L.) pasó el proyecto a una segunda (Proyectos y Promociones Valdelacalzada 2003 S. L.). En 2009 se entregaron las primeras casas y en 2011, finalmente, la familia se mudó. Pepi ocupó una de las casas, su hijo Rubén otra y la tercera fue para Rodrigo, otro de sus hijos. Les dieron las llaves, los contratos de luz y agua y comenzaron a amueblarlas, poner la cocina, los baños... «Les pedimos las escrituras, insistimos y fue cuando descubrimos que no estaban libres de cargas como nos habían prometido», dice Pepi.

«Ahí comienza el calvario», se lamenta su hija Olga Garrosa. Al principio trataron de negociar con la constructora y el banco. «Nos daban largas e incluso nos ofrecieron pagar la mitad del precio, pero nos negamos. El trato eran 42.000 euros y las tres casas libres de cargas». Cada una de sus viviendas está valorada en 60.000 euros, según la hipoteca.

Sentencia

La familia no tenía capacidad para asumir los préstamos y tampoco lo consideraban justo, así que finalmente interpusieron una denuncia. La primera, de carácter penal, no prosperó, pero la segunda, una demanda civil, fue aceptada y el juicio se celebró en noviembre del año pasado. La sentencia llegó hace poco, pero no es lo que esperaban.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Badajoz resuelve que el contrato privado de permuta es legítimo, por lo que considera que Proyectos y Promociones Valdelacalzada 2003 S. L. debe a la familia tres viviendas. Les condena a abonar 180.000 euros, el valor equivalente de los tres unifamiliares, además de los intereses y 40.000 euros más en concepto de daños.

Ese dinero, según dice Helena Garrosa, otra de las hijas de Pepi, solucionaría el problema porque podrían abonar las hipotecas y continuar en sus casas. «Nosotros no queremos dinero. Queremos las casas como se prometió. Nos hemos quedado sin las tierras y sin las viviendas que prometieron a cambio», añade esta afectada. El problema es que la constructora condenada está en quiebra y declarada en rebeldía por el juzgado, por lo que no recibirán el dinero.

«Me siento impotente y engañada. Es algo tuyo, las tierras de mi familia, y yo no he hecho nada mal» pepi gonzález, Afectada. 72 años

«Una sentencia nos indemniza, pero la constructora quebró, así que no van a pagar» olga garrosa, afectada

La sentencia desestima las pretensiones de la familia sobre la primera constructora y sobre el banco responsable de la hipoteca, el BBVA. A estos últimos no los considera responsables de la situación, por lo que la entidad financiera puede ejecutar la hipoteca. «Se nos considera okupas de las casas, así que nos van a desalojar y nos han dicho que, si no nos llevamos las cosas, se quedarían lo que hay dentro», se lamenta Olga Garrosa.

La última orden de desalojo les llegó hace unos días. Era para una de las casas para el día 9 de abril. Ayer supieron que se paralizaba. Están contentos, pero el proceso continúa porque el préstamo sigue pendiente.

Esta familia considera injusta la resolución judicial porque defienden que la entidad financiera sabía que esta promoción incluía una permuta de tres viviendas para la familia. «Se lleva muy mal. Porque es algo tuyo y yo no he hecho nada mal», dice Pepi González a sus 72 años. «¿Quién puede pensar que venderíamos el terreno por solo 42.000 euros? Y ahora te ves sin tierras y sin casa. No tenemos donde ir, porque todos vivimos aquí. No hay más casas. La que teníamos antes ya está derruida. Nos vemos en la calle».

«No es justo que, por un fallo legal, nos veamos así», añade Helena Garrosa. A su lado está Estefanía González, la mujer de Rodrigo. Están en su casa en la que han invertido para colocar la cocina, el baño, las habitaciones, el garaje y que sería la primera en desalojar el próximo 9 de abril. La pareja tiene un niño de cinco años «y no sabemos qué hacer ni donde ir si esto sigue adelante», se lamenta.

Recurso de apelación

La esperanza de esta familia está en el recurso de apelación que van a presentar. El abogado Carlos Arjona explica que es habitual que se reclame a las constructoras, pero al conseguir la indemnización, sean insolventes. En este caso, sin embargo, el letrado considera que la Justicia debe considerar responsables a la primera constructora y a la entidad financiera. «El primer promotor no informó sobre la venta de acciones y es inexplicable que BBVA no supiese que existía un contrato de permuta», añade el letrado.

Mientras, la familia está aliviada por haber paralizado la última orden de desalojo, pero el futuro sigue siendo incierto. En la puerta de una de las casas, Olga Garrosa señala con su dedo las líneas de unifamiliares. «No se cuál es el nombre de esta urbanización, la verdad, pero todo el mundo la llama las casas de Toñete, por mi padre. En un pueblo todos saben de quién eran las tierras y la situación de nuestras viviendas, pero te ves así de todas formas».