El PP lleva a la Fiscalía la justificación del dinero recibido para Contempopránea

Víctor Píriz, diputado popular en el Congreso, anunció ayer que ha puesto en manos de la Fiscalía la justificación que hizo el Ayuntamiento de Alburquerque de la subvención que recibió para la edición de 2018 de Contempopránea.

El diputado del PP explicó que ha tenido acceso al expediente porque su partido lo solicitó a la Junta de Extremadura, donde, dijo «cumplen con su obligación legal de aportar documentos e información», algo que, añadió, «no se hace en nuestro Ayuntamiento». Según desveló, el Consistorio recibió la mitad de la subvención destinada a Contempopránea el 14 de junio de 2018 y la otra parte el 8 de noviembre de ese mismo año y, sin embargo, no liquidó íntegramente al organizador la deuda hasta junio de 2019, poco antes de la edición del año en curso, porque, de lo contrario, no se habría celebrado el festival.

Píriz dijo que se sintió extrañado al saber que el Ayuntamiento había justificado los gastos de la subvención sin haberle pagado al organizador, y decidió averiguar cómo lo había hecho. Y así, de los documentos que ha facilitado la Junta, se desprende que el Consistorio justificó con el pago de casi 50 empleados que, según el Ayuntamiento, habían trabajado durante un mes y medio en exclusiva para el festival.

Investigando los nombres de las personas, el PP comprobó que hay varios empleados que hacen trabajos administrativos en el Consistorio, con contratos de 3, 4 y 5 meses y sin embargo aparecen como operarios del festival.

Píriz explicó que se han planteado averiguar si estos trabajadores estaban contratados con cargo a otras subvenciones, «y nos consta que es así», aseguró. Añadió que existe un certificado de la interventora, firmado por el exalcalde, Ángel Vadillo, en el que consta que esas 50 personas habían trabajado en exclusiva durante 1,5 meses para el festival, con un coste de 53.000 euros. «Esto es falso», dijo el diputado y habló de un presunto delito de «falsedad en documento público y de prevaricación en el caso de los políticos implicados».