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El PP de Alburquerque e Ipal acusan a Vadillo de intentar engañar a los vecinos con la tasa de basura

FRANCISCO J. NEGRETE

Domingo, 11 de noviembre 2018, 10:14

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El PP de Alburquerque ha calificado como «un nuevo engaño y una nueva felonía» del Gobierno local, presidido por Ángel Vadillo», la modificación del pago del canon de basura en las tierras comunales del municipio. En una nota, el PP afirma que es un intento de ocultar la deuda y las obligaciones de pago que tiene contraídas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social «resultado de su negligente gestión».

Los populares señalan que hace una semana el Consistorio, gestionado por el ORPO de Vadillo, «con la complicidad y apoyo del PSOE», anunció que en el caso del canon de la basura que hasta ahora asumía el Ayuntamiento a cargo de los beneficios de las tierras comunales a partir de este año sólo habrá exenciones a los empadronados en la localidad. «Es decir, que quienes trabajan fuera y van los fines de semana al pueblo y no están empadronados, que cada vez son más, pagarán impuestos», subraya. Según el PP, «lo que se ha intentado vender como una simple modificación de tasas tiene un porqué: la cruda realidad de la situación financiera de las arcas municipales tras años de mala gestión de Ángel Vadillo», añade.

La verdad, tal y como se explica en un escrito del Ministerio de Hacienda del 27 de septiembre y remitida al Congreso tras una pregunta del diputado por Badajoz del PP, Víctor Píriz, «el Ayuntamiento solicitó la financiación, con carácter excepcional, de la deuda pendiente con Hacienda y con la Tesorería General de la Seguridad Social». Esa deuda era objeto de compensación mediante la aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado, mediante un préstamo con cargo al compartimento Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a Entidades Locales, con la condicionalidad correspondiente. Ello ha ascendido la deuda financiada a 3.607.126,99 euros.

La operación de crédito concedida, agrega el PP, tiene un periodo de amortización de 10 años, coincidente con la vigencia del plan de ajuste, y las condiciones financieras se fijaron por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Añade el PP que esto es «un nuevo gran engañó para todo el pueblo, que ahora tiene que hacer frente a estos pagos».

Culpar al OAR

En el mismo sentido se manifestó el grupo independiente Ipal, que denunció que alcalde quiere desviar la atención culpando al OAR, organismo de la Diputación, de los recibos que se están recibiendo para pagar el servicio de basuras, tras más de 20 años de exención, cuando es el Ayuntamiento el que le cedió el mismo a Promedio, obligado por un plan de ajuste tras recibir a finales del año pasado un crédito de 3,6 millones.

Manuel Gutiérrez, portavoz de Ipal, aseguró que, por este motivo y otros recortes, el alcalde se ha negado reiteradamente a mostrarles ese plan de ajuste. Además, criticó al alcalde por el hecho de que obligue a todos los vecinos a pasar por una oficina dispuesta al efecto, con el fin de solicitar un certificado de empadronamiento y rellenar los datos para el abono de la tasa que les ha solicitado el OAR por carta. Según Vadillo, tienen que acudir a la misma todos los empadronados en Alburquerque si quieren que sea el Ayuntamiento quien les abone el recibo. Para Gutiérrez esto no tiene sentido, porque bastaría con que el Consistorio le remitiera al OAR el padrón de habitantes y les dijera que no le pasara el recibo a ninguno de los que allí figuran. Ipal sostiene que el Ayuntamiento no tiene 300.000 euros para pagar cada año esa tasa a los vecinos, sino que Vadillo quiere ganar tiempo hasta mayo para después cobrarlo.

Dado que la exención del impuesto de la basura se aprobó en un pleno, según Gutiérrez, el alcalde no cumple la legalidad al no llevar ahora al pleno su decisión de que el Ayuntamiento pague el tributo de los empadronados. Ipal insiste en la «igualdad entre alburquerqueños que poseen vivienda en el pueblo, estén empadronados o no», y en que todos sigan exentos del pago de la basura por ser un derecho derivado de los bienes comunales.

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