Hacienda avisó al exalcalde de Navalvillar de Pela de que no podía cobrar a la vez pensión y del Ayuntamiento
Visto para sentencia el juicio contra el exalcalde peleño, en el que el fiscal acepta que no haya pena de prisión para el secretario municipal
Hacienda (Clases Pasivas) trasladó a Manuel Sánchez Custodio, exalcalde de Navalvillar de Pela, que era incompatible el cobro de su pensión (1.500 euros) con una retribución periódica por parte del Ayuntamiento. Eso excluía las fórmulas planteadas por Sánchez Custodio para percibir ingresos de forma habitual del Consistorio, según se manifestó este martes en la última sesión del juicio en Mérida. El fiscal y la acusación particular mantuvieron su calificación de que cometió prevaricación y malversación de caudales públicos (la Fiscalía solicitó que se le condene por estafa continuada si el tribunal no ve los dos delitos anteriores). Por su parte el abogado del exregidor insistió en su inocencia y dijo que el procedimiento judicial se ha usado como «persecución política» contra Custodio. Este también habló, en su alegato final, de «ataque contra su persona y familia» por motivaciones políticas.
La última sesión contó con las declaraciones de varios testigos. Los primeros fueron para indicar que Custodio no había asistido a reuniones o eventos. El exalcalde, en cambio, informó al Ayuntamiento que sí había asistido y cobró por kilometraje o dietas. Dos interventores del Estado hablaron de un «déficit de justificación, sin la debida aportación documental». Detectaron al menos 12 casos entre 2010 y 2011.
El testimonio más relevante fue el de Ildefonso Carrasco, jefe de servicio de la Subdirección General de Clases Pasivas, el departamento de Hacienda encargado de las pensiones de los funcionarios (Custodio lo era de Correos). Fue quien emitió el informe de incompatibilidad del cobro de la pensión del exregidor «con cualquier sueldo o retribuciones periódicas» abonadas desde el Ayuntamiento «aunque tuvieran otra denominación».
Entre 2007 y 2010, como se ha informado, Sánchez Custodio se fijó primero una liberación parcial del Consistorio (1.300 euros) cobrando a la vez su pensión. Después un cobro de hasta 750 euros al mes en gastos de representación sin justificar y, por último, una retribución anual de los 18.000 euros para el grupo del PP en «concepto de desempeño de las funciones de Alcaldía». Hacienda requirió a Custodio entre septiembre de 2007 y mayo de 2010 la devolución de la parte proporcional de la pensión recibida indebidamente.
Hacienda informó al exprimer edil, indicó este martes Carrasco, que solo era compatible su pensión con recibir dinero del Ayuntamiento si este era indemnización por kilometraje o comidas que no se plantearan como retribuciones municipales periódicas, como sostiene la Fiscalía y la acusación particular, hizo Custodio.
Francisco Javier Fernández, entonces edil socialista en la oposición y ahora alcalde, fue quien puso la denuncia en febrero de 2011 por los diferentes tipos de cobro de Sánchez Custodio incompatibles con las cantidades recibidas por su pensión. Antes no lo hizo por carecer la información necesaria, recalcó.
Conclusiones
En las conclusiones, el fiscal mantuvo que Custodio cometió fraude de ley al fijar, a través de varias fórmulas, retribuciones del Ayuntamiento para complementar su pensión y, por eso, realizó malversación de caudales públicos. Mientras, Luis Díaz-Ambrona, abogado de Custodio, sostuvo que el exregidor es inocente porque los acuerdos plenarios en los que se aprobó esas asignaciones fueron legales y«como lo fueron no pudo haber malversación».
El exregidor habla de persecución política y el actual alcalde señala que no denunció hasta que no tuvo información
El final del juicio dejó también un acuerdo entre el fiscal y el abogado de Ambrosio Jesús Asensio, secretario de Pela con Custodio. El Ministerio Público calificó inicialmente como falsificación en documento público un certificado de Asensio en el que afirmaba que el exalcalde no cobró dinero sin justificar durante unos meses. El secretario admitió que había firmado ese escrito sin verificar la realidad. Por eso se le pedía cuatro años de cárcel.
El fiscal y el letrado de Asensio pactaron como imprudente esa falsificación. Supone en vez de cuatro años de prisión una multa durante nueve meses de seis euros diarios (1.620 euros en total) y nueve meses de inhabilitación para cargo o empleo público. Asensio está jubilado.
