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Alfonso Pantoja durante su etapa al frente del Sexpe. HOY
La fiscalía pide dos años de cárcel para Alfonso Pantoja por denuncias por ruidos

La fiscalía pide dos años de cárcel para Alfonso Pantoja por denuncias por ruidos

Considera que el exalcalde de Montijo ignoró las quejas vecinales sobre las molestias que causaban dos locales de hostelería

JUAN SORIANO

MÉRIDA.

Lunes, 13 de julio 2020, 08:12

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La Fiscalía solicita dos años de prisión y nueve de inhabilitación para Alfonso Pantoja, alcalde de Montijo por el PP entre 2007 y 2015, por su actuación respecto a denuncias presentadas por vecinos de la localidad por ruidos emitidos por locales de hostelería. Entre 2011 y 2012 también fue gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe).

Según la Fiscalía, desde agosto de 2011 hasta el momento en que cesó en el cargo tras perder los comicios de 2015, Pantoja apenas llevó a cabo alguna actuación en relación a las denuncias, escritos e incluso quejas personales planteadas por los vecinos de la plaza de los Bootellos ante la actividad de los locales Pravia y Morocco Centro.

La acusación pública reseña que en julio de 2011 se solicitó al Ayuntamiento la licencia de apertura del Pravia como café-bar de tapas frías. En agosto la Policía Local presentó una denuncia por obras en el local sin la preceptiva licencia, un aviso que se reiteró dos semanas después. A pesar de que a finales de ese mes la Secretaría General del Consistorio montijano recomendó al alcalde la incoación de un expediente sancionador, nunca llegó a plantearse.

La Policía Local remitió siete informes al primer edil de Montijo en los que ponía de manifiesto los incumplimientos

El establecimiento entró en funcionamiento en septiembre con una autorización provisional aunque sin que constara permiso para instalar veladores en la calle. Los vecinos se opusieron a la actividad, alegando que se producían aglomeraciones de clientes que impedían el acceso a sus casas y garajes y generando ruidos continuos causados por la terraza.

Desde ese momento se presentaron las primeras denuncias contra el establecimiento por la invasión de la vía pública, así como algún escrito al Ayuntamiento y una carta personal dirigida al alcalde de la localidad. El primer edil era conocedor de la situación, ya que incluso los afectados lo identifican entre las aglomeraciones como uno de los clientes del bar.

Más denuncias

Tras la concesión de la licencia en abril de 2012, y hasta el cese de Pantoja como alcalde, se presentaron otras nueve denuncias y siete escritos dirigidos al Consistorio o al primer edil, así como continuas llamadas a la Policía Local, tanto para quejarse del bar Pravia como del colindante Morocco Centro.

Los vecinos protestaron por los ruidos generados por la aglomeración de clientes, descarga de bebidas, organización de conciertos en directo, eventos culinarios en el exterior y música tanto en los locales como de equipos instalados en la calle, en ocasiones hasta las 5.30 de la madrugada. Ninguno de los establecimientos tenía permiso para equipos de reproducción sonora.

Además, entre julio de 2012 y enero de 2014 la propia Policía Local remitió al primer edil siete informes en los que se ponía de manifiesto el incumplimiento de la normativa sobre veladores y la utilización de aparatos de música. Es más, la Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura, tras recibir la denuncia de una vecina, pidió al Ayuntamiento en julio de 2012 que tomara medidas.

La acusación pública señala que solo se abrieron dos expedientes contra el Pravia y cuatro respecto al Morocco Centro. Pero, como se referían en su mayor parte a infracciones de carácter leve, terminaron prescribiendo por falta de impulso, con lo que en la práctica no tuvieron efecto.

En ningún momento Pantoja planteó que se llevaran a cabo mediciones de ruidos, añade. En su lugar, se mostró esquivo con los escritos de los vecinos, a los que no respondió, y con las peticiones de reuniones. Por el contrario, en apenas un mes concedió licencia al bar Pravia para la colocación de toldos abatibles a pesar de que no constaba la licencia de obras ni la información requerida por el arquitecto municipal.

De estos hechos la Fiscalía considera responsable al alcalde de la localidad en aquel momento, ya que el municipio, y por extensión el primer edil, tenía las competencias de disciplina urbanística. Por ese motivo, solicita dos años de cárcel por un delito continuado de prevaricación medioambiental y nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Secuelas físicas

La acusación pública sostiene que las molestias por ruidos han afectado al descanso diario de los vecinos y por tanto a su salud, causando problemas de movilidad.

La Fiscalía reseña que la situación cambió tras las elecciones de 2015. Después de una reestructuración de funciones, se dio impulso a la tramitación de las denuncias de los vecinos, que siguieron produciéndose por los mismos motivos. De ese modo, en diciembre de 2016 se llevaron a cabo mediciones de ruidos que arrojaron unos resultados muy por encima de lo permitido tanto en la habitación de una vivienda como en el portal. Tras estos hechos, se abrió expediente sancionador en el que se acordó como medida cautelar la limitación del horario de terraza hasta las 22.00 horas.

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