El fiscal pide dos años de cárcel para el alcalde de Castuera por apartar a un trabajador

Francisco Martos. /Hoy
Francisco Martos. / Hoy

Francisco Martos se sentará en el banquillo acusado de un delito contra la integridad moral del arquitecto municipal

REDACCIÓN

Francisco Martos, alcalde socialista de Castuera y diputado provincial, será juzgado en Don Benito acusado de un delito contra la integridad moral y otro de lesiones graves en relación con otro delito continuado contra la integridad moral en el ámbito laboral.

El juzgado de instrucción de Castuera ha emitido un auto en el que decreta la apertura de juicio oral contra el regidor y se le requiere para que deposite una fianza de 27.000 euros para asegurar las responsabilidades que pudieran imponérsele en el caso de fuera condenado.

Los hechos que se juzgarán parten de la querella presentada por T. B. R., que es arquitecto municipal en Castuera desde el año 2008. Según formula en su escrito, el denunciante asegura que su relación con Martos era fluida en un principio, pero a partir de 2009 se produjeron entre ellos una serie de desencuentros, de tal forma que la comunicación entre ambos se hacía siempre por escrito.

«Las desavenencias tenían su origen principalmente en los informes negativos o desfavorables que emitía el arquitecto acerca de las solicitudes de construcción de los vecinos a los que el alcalde tenía intención de favorecer», reza la querella.

Contratados

Añade el texto que ante esta situación el denunciado contrató a otros arquitectos «y derivó los informes de las solicitudes de obras al de la Mancomunidad de la Serena, apartándolo [al denunciante] del trato con el público en un despacho aislado, sólo y sin compañeros. No contento con eso no le daba trabajo, llegando a realizar en un año seis encargos, (providencias de alcaldía), para un año completo de trabajo, derivaba su trabajo a otros empleados, quitándole atribuciones».

Ante esta situación, y siempre según la querella, el arquitecto afectado se dio de baja en noviembre de 2017 porque la situación le había inducido una fuerte depresión.

Para corroborar sus afirmaciones, T. B. R. adjunta audios que le grabó al alcalde sin que este lo supiera durante algunas conversaciones que mantuvo con él.

Asimismo, también aporta el audio de un mitin electoral que dio Martos el 19 de mayo de 2019 en el que dijo: «Vamos a quitarle, todas, absolutamente todas las funciones a la oficina urbanística relacionada con las licencias, relacionadas con los permisos. Se quedará el señor arquitecto para hacer los proyectos que este pueblo tenga que hacer, lo que es el trato con los ciudadanos, lo que son las licencias acabaremos contratándolas y haciéndolas con los servicios urbanísticos de la Mancomunidad».

Ante estos hechos, la Fiscalía pide para Martos dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el tiempo de la condena.Asimismo, también reclama que indemnice al querellante con 20.000 euros en concepto de reparación del daño procedente del delito por daños morales.

Por su parte, la acusación particular solicita cinco años de prisión e inhabilitación una indemnización de 25.156 euros.