Facua critica el aumento del precio del agua en Valencia del Ventoso pese a su «mala calidad»

La asociación de consumidores viene denunciando desde hace más de un año que el agua suministrada por Aqualia en las viviendas de esta localidad no presenta buena calidad e incluso ha llegado a ocasionar malestar físico y problemas gastrointestinales a algunos de sus habitantes tras la ingesta.

Facua Extremadura afirma que el 25 de marzo de 2024 se dictó el Decreto 2024/56 por medio del cual se actualizan las tarifas de la tasa incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, así como la tasa de alcantarillado.

Por tanto, la asociación considera que resulta un «absoluto despropósito» que por parte del Ayuntamiento de la localidad se acuerde el precio de los servicios. Exige que reconsidere la subida de la tasa por distribución de agua incluido los derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, así como la tasa de alcantarillado, hasta tanto no se garantice el abastecimiento de agua de calidad en el municipio.

Facua recuerda que el artículo tercero de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que «1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos».

Por ello, para la asociación extremeña, la subida de las tasas de abastecimiento de agua y alcantarillado resulta «del todo desproporcionado» en relación a la calidad de este servicio básico para la ciudadanía.

Según señala Facua, entiende que el consistorio del municipio pacense debe priorizar el adecuado abastecimiento de agua a la ciudadanía de Valencia del Ventoso, proporcionando un agua de la mejor calidad posible conforme establece el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, cuyo artículo 92 dispone que «son objetivos de la protección de las aguas y del dominio público hidráulico: h) Garantizar la asignación de las aguas de mejor calidad de las existentes en un área o región al abastecimiento de poblaciones».