Un trabajador del catastro de Torre de Miguel Sesmero será juzgado por cohecho

El punto catastral está en Torre de Miguel Sesmero. :: J.V. ARNELAS/
El punto catastral está en Torre de Miguel Sesmero. :: J.V. ARNELAS

La Fiscalía lo acusa de haber pedido el pago de 50 euros en metálico por facilitar documentos que se expiden de forma gratuita

E.F.V.

Un jurado popular elegido por sorteo juzgará a partir del próximo lunes a L. T. C., un trabajador del Punto de Información Catastral ubicado en el Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero al que se considera responsable de un delito de cohecho consistente en solicitar dinero a cambio de una gestión que debería haber realizado de forma gratuita.

En el escrito de calificación provisional enviado por la Fiscalía de Badajoz al juzgado de instrucción de Olivenza se explica que el supuesto delito fue investigado después de que durante los días 25 y 26 de marzo de 2015 el administrador concursal de la empresa Gestión del Suelo Vegas Altas S.L. contactara telefónicamente y a través del correo electrónico con el Punto de Información Catastral (PIC) ubicado en el Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero, en el que figuraba como usuario autorizado para la expedición de documentación L. T. C., además de otra persona.

La Fiscalía explica que el día 25 el administrador realizó una primera llamada, envió después un correo electrónico, y con posterioridad hubo otras dos llamadas telefónicas y un nuevo envío de correo electrónico.

El objetivo de estas comunicaciones era obtener, con la mayor brevedad posible, la relación catastral de bienes que poseía esa empresa de gestión del suelo, así como las certificaciones catastrales correspondientes a su descripción y valoración. Para ello, el solicitante acreditó previamente su legitimación para cursar la petición de estos documentos.

La Fiscalía ha llegado a la conclusión de que en el curso de dichas comunicaciones específicamente, en las conversaciones telefónicas del día 26 el encausado L. T. C. «puso de manifiesto verbalmente al solicitante que se trataba de un volumen importante de documentación a expedir y que, si concurrían razones de urgencia para su entrega en el plazo más breve posible, ello sólo sería factible si dicho solicitante le entregaba, a cambio, una cantidad dineraria en metálico (40 ó 50 euros) y sin que la misma constara documentada en parte alguna».

La Fiscalía ha constatado que hasta el momento en el que concluyó la investigación de estos hechos el acusado no había expedido la documentación solicitada.

En el escrito de acusación se indica que estos hechos constituyen un supuesto delito de cohecho, dado que la expedición de documentación por parte de ese punto de Información Catastral no está sujeta al pago de contraprestación económica alguna.

La Fiscalía entiende que el responsable de estos hechos debe ser condenado por el artículo 420 del Código Penal, donde se indica que «la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años».

En este caso, el Ministerio Público solicita para el responsable de estos hechos tres años de prisión; multa de 18 meses a razón de 10 euros de cuota diaria; e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cinco años.

El lugar en el que fue cometido este supuesto delito es el Punto de Información Catastral del Ayuntamiento de Torre de Miguel Sesmero, donde funciona una oficina autorizada por la Dirección General del Catastro que ofrece a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la información catastral sin necesidad de dirigirse a poblaciones de mayor tamaño.

En la provincia de Badajoz existen 20 puntos de este tipo y en ellos se ofrece un servicio de consulta libre y certificación de datos catastrales no protegidos y de cartografía digital, así como un servicio de consulta y certificación electrónica para los titulares catastrales de datos catastrales protegidos, relativos a los inmuebles de su titularidad.