Santiago Fernández Negrete en Extremadura

JUAN CARLOS MONTERDE GARCÍA

RECIENTEMENTE he defendido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura mi tesis doctoral acerca de la Ley Hipotecaria de 1861, refrendada por el ministro de Gracia y Justicia, Santiago Fernández Negrete, por entonces diputado a Cortes por la provincia de Badajoz.

La figura de este abogado, político, jurista y parlamentario español, caballero de la Orden de la Banda de S.S. Pío IX, es prácticamente desconocida en la Historia de España en general y en la de nuestro Derecho en particular. Natural de la localidad asturiana de Villatresmil, en donde había nacido el 11 de febrero de 1799 en el seno de una familia modesta de ascendencia realista, don Santiago vivió durante muchos años en Extremadura, razón por la que podría considerársele extremeño de adopción. Su venida a nuestra región tuvo lugar en 1830, pues el 22 de septiembre de este año fue nombrado por Real Título de S.M. Fernando VII Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Extremadura (sita en Cáceres), puesto en el que cesó cuatro años después. En esta institución suscribió algunos autos, relativos a la concesión de indulto regio a presos, prohibición de envío de promotores de formación de causas en las colonias españolas o medidas para frenar el bandolerismo en la provincia de Cáceres.

El 1 de enero de 1833 se casó en Montemolín con doña María Antonia Huertas Murillo, perteneciente a una familia de la oligarquía de Fuente de Cantos y posiblemente emparentada con Juan Bravo Murillo. De esta unión matrimonial nacieron seis hijos: Antonio (1834), Sabina (1835), Sara (1837), Mario (1840), Atilano (1843) y Santiago (1847). Entre enero y octubre de 1840 desempeñó el cargo de Alcalde primero constitucional de la villa montemolinesa, para el que había sido elegido por votación popular en los comicios del año anterior. Durante su mandato gestionó la construcción del puente Garrapito sobre el río Viar o la ordenación del archivo de esta localidad con las Cinco Villas Hermanas del Maestrazgo de Santiago (Calzadilla de los Barros, Monesterio, Fuente de Cantos, Medina de las Torres y Montemolín). Su nombre aparece también en este tiempo en acuerdos capitulares, conciliaciones, comparecencias, oficios, repartimiento de contribuciones ordinarias, temporal o de recargo temporal a la de utensilios, padrones de vecindario y en la de exceptuados de la milicia nacional de Montemolín. Pareja a su actividad política es su labor agrícola y ganadera en esta localidad, contándose entre sus propiedades sus fincas El Santo o Buena Vista, diversas casas en Montemolín y Pallares o varias cabezas de ganado.

La filiación de algunos miembros de su familia con la causa del infante Carlos María Isidro justifica probablemente que sufriera las iras del aparato estatal cristino. En este sentido, se enmarca el intento de detención que sufre en su domicilio en la madrugada del 2 al 3 de diciembre de 1833 al ser acusado de cómplice en la huida de dos de sus hermanos a Portugal, con vistas a adherirse al Ejército carlista. También, la sustracción de su bastón de magistrado por orden del secretario del Gobernador Civil de Badajoz, incidente acaecido en el pacense Callejón del Parque a mediados de 1835, incidente que se saldó con la destitución de aquella autoridad.

Adscrito al Partido Moderado (liberalismo templado), en las elecciones de 1843 consiguió escaño de diputado a Cortes por la provincia de Badajoz, cargo que repitió en 1844 y 1858. A causa de la reforma de la legislación electoral, en 1846 fue elegido diputado por el distrito de Llerena, puesto que volvió a ocupar en 1850, 1851, 1853, 1857, 1863 y 1864.

Nombrado ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en el Gobierno de Juan Bravo Murillo el 14 de enero de 1851, dimitió de dicho puesto el 5 de abril siguiente. La razón de ello fue su negativa a prorrogar la sesión en la que se discutía en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Arreglo de la Deuda pública, promovido por el político frexnense.

Más tarde, el 30 de junio de 1858 fue designado ministro de Gracia y Justicia en el Gobierno unionista de Leopoldo ODonnell, cargo que ocupó hasta el 17 de enero de 1863.

Durante esta última etapa realizó varios proyectos, entre ellos la fundación de la Biblioteca del Ministerio de Justicia, la extensión del servicio médico forense a todos los juzgados de instrucción de España, la instauración del principio de inamovilidad judicial o medidas de organización de tribunales, como el registro de sentencias en tribunales colegiados. También destacan su refrendo de las Leyes Orgánica del Notariado de 1862 o Hipotecaria de 1861, en cuya comisión redactora participó el abogado alangeño Juan Manual González Acevedo, condecorado por ello con la Cruz Grande de Isabel la Católica.

Como ferviente católico, medió en la erección de la Diócesis de Vitoria (1862), intercediendo para el nombramiento del obispo pacense Diego Mariano Alguacil. Asimismo, su intercesión en la designación para la sede zaragozana del también prelado pacense Manuel García Gil hubo de ser determinante en 1858.

Según referencias periodísticas, su defunción acaeció en 1870. Con su desaparición, Extremadura perdía a uno de sus 'hijos' ilustres del siglo XIX.

JUAN CARLOS MONTERDE GARCÍA es doctor en Derecho por la UEx. Finalista del XVIII Premio 'La Ley de artículos doctrinales'

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos