La Fiscalía de Badajoz tratará la agresión a profesores como atentado a la autoridad

El fiscal jefe Antonio Mateos anuncia al sindicato PIDE el endurecimiento de las penas que solicita. De falta leve como es ahora pasarían a considerarse delitos que pueden acarrear penas de prisión.

J. L. AROCAMÉRIDA

Las amenazas y agresiones a los profesores, por parte de alumnos o sus padres, empezarán a salir caras según el nuevo criterio que se está extendiendo entre los fiscales de toda España que tiende a considerarlas delito, castigado con cárcel, en vez falta como sucede ahora. El criterio llega ahora a Extremadura.

Este endurecimiento judicial tendrá el efecto principal de «tranquilizar» y dar seguridad a los profesores a juicio del sindicato PIDE que ayer se entrevistó en Badajoz con el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Antonio Mateos Rodríguez-Arias.

Álvaro García, miembro de la junta de personal docente y de la ejecutiva regional del Sindicato del Profesorado Extremeño-PIDE, trasladó al fiscal jefe de la Audiencia la preocupación por los últimos hechos sucedidos en la región que están creando a juicio del sindicato un clima de «indefensión generalizado» entre el colectivo de los enseñantes y hace difícil la normalidad en la labor diaria de enseñanza.

Según PIDE el fiscal provincial está dispuesto a considerar las agresiones a profesores como atentado a la autoridad, por ser éstos funcionarios públicos en ejercicio de su actividad al servicio de los ciudadanos.

La fiscalía endurecería así las penas que solicite, al pasar de falta a delito lo que supondría una pena bien distinta (ver recuadro adjunto). La nueva posición de la fiscalía empezará ya mismo según el dirigente de PIDE Álvaro García, e incluso podrían revisarse los expedientes que están abiertos en estos momentos.

Días atrás también la federación de enseñanza del sindicato CSI-CSIF solicitó al fiscal jefe del Tribunal Superior de Extremadura, Aurelio Blanco Peñalver, el endurecimiento de las calificaciones jurídicas de las agresiones al profesorado para que pasaran al apartado de atentado hacia agentes de la autoridad. PIDE solicitará una entrevista con Blanco en el mismo sentido.

Es algo que ya han aprobado los ministerios fiscales de los tribunales superiores de Cataluña, Andalucía y Navarra, y plantea el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.

Falta seguridad

El primer paso dado en Extremadura por la Audiencia de Badajoz otorga a los profesores seguridad en estos momentos tan complicados y en un ambiente muy enrarecido a raíz de la condena al jefe de estudios del instituto Santiago Apóstol de Almendralejo por insultar a un alumno.

PIDE agradece el apoyo mostrado por la fiscalía «tanto a nivel moral como con acciones concretas», por cuanto supone de respaldo a la labor diaria y difícil de educar. Con ello los docentes «se sienten respaldados no sólo con declaraciones grandilocuentes ni acuerdos fatuos sino con hechos, apoyo que esperamos se haga extensivo a todos los docentes de la región y compromiso que esperamos obtener en próxima reunión con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Extremadura».

En este asunto la intervención de la federación regional de asociaciones de padres y madres de alumnos de centros públicos, Freapa-CP, no ha contribuido precisamente a la paz. Consciente de ello su presidente, Rafael Delgado, hizo ayer en Mérida un llamamiento.

Freapa tiende la mano

«Tiendo la mano al profesorado de Extremadura», dijo, «para que trabajemos conjuntamente y no nos dejemos llevar por las circunstancias del momento. Juntos resolveremos los problemas, separados los problemas podrán con nosotros».