La Junta licita por 197.000 euros el arreglo de ocho viviendas sociales en Plasencia

Calle Severo Ochoa, donde están algunas de las viviendas que se van a arreglar. :: david palma/
Calle Severo Ochoa, donde están algunas de las viviendas que se van a arreglar. :: david palma

El plazo de presentación de ofertas concluye el 17 de abril y se podrán adjudicar un máximo de tres a cada empresa

Ana B. Hernández
ANA B. HERNÁNDEZ

Ocho viviendas de promoción pública (VPP) centran el concurso abierto que ha convocado la Junta para adjudicar su reforma. El presupuesto base de licitación asciende a 197.633,28 euros, IVA incluido, el plazo de presentación de las ofertas concluye el 17 de abril y a cada licitador se le podrán adjudicar un máximo de tres viviendas, según la convocatoria lanzada por al Administración autonómica.

Los ocho pisos están ubicados en el polígono de La Data: tres en Dolores Ibarruri, uno en Rubén Darío y cuatro en Severo Ochoa. Y el coste de la reforma de cada una de las viviendas, cuyo plazo de ejecución es un mes, va desde los 12.500 euros de la más económica hasta los 28.000 euros de la más costosa.

Según explica la Junta en la convocatoria, se ha optado por la división en lotes para «facilitar la concurrencia de un mayor número de licitadores en aras a obtener una adjudicación con una mejor relación calidad-precio».

La Junta dice que 604 viviendas de las 22.418 que hay en la ciudad son de promoción pública

También detalla que en Plasencia hay 22.418 viviendas y que de ellas 604 son de promoción pública. «Es decir, el 2,69% de las viviendas de la localidad se destinan de forma expresa a ciudadanos con una situación más vulnerable». Ciudadanos, cabe recordar, que siguen esperando a que avance el proceso de adjudicación de nuevas viviendas sociales en la ciudad.

Son 180 las solicitudes que se han presentado por parte de familias que necesitan una vivienda social en Plasencia, según los últimos datos facilitados por la concejala de Servicios Sociales, Flor Conejero. Familias que están participando en el proceso abierto en octubre de 2018 para conseguir ser adjudicatarias de algunas de las 32 viviendas que centran esta convocatoria, aunque antes de que termine el proceso podrían sumarse nuevos pisos, según también la edil popular. Así como que «una treintena aproximada de las 180 solicitudes presentadas corresponden a familias que están ocupando una vivienda ilegalmente», por lo que no tendrían finalmente acceso a ningún piso social, puesto que, tal como ha dejado claro en más de una ocasión Flor Conejero, «no estar ocupando una vivienda de forma ilegal es requisito imprescindible para participar en el proceso de adjudicación».

Aunque habitualmente los procesos de adjudicación de viviendas sociales se prolongan durante dos años, «mi intención es que éste se termine en este 2019, porque si hay pisos vacíos y familias necesitadas no se puede tardar dos años en adjudicarlos».