PLASENCIA

La federación vecinal pide a los dueños de las huertas de la Isla que perdonen los intereses

A. B. H.

Es el acuerdo que la federación de asociaciones de vecinos, Fepave, acordó en su última reunión. De la misma forma que lo ha hecho el alcalde, Fernando Pizarro, la organización también solicitará a los dueños de las huertas de la Isla que perdonen los intereses.

Desde su punto de vista, es mucho el dinero que ya se ha abonado a los propietarios y, aunque la sentencia judicial por la que el Ayuntamiento está obligado a hacer el pago incluye también los intereses, Fepave cree que se puede pedir a los dueños que tengan en cuenta la precaria situación económica en que se encuentran las arcas públicas para tomar una decisión respecto al abono de estos intereses.

No obstante, cabe recordar que el pasado 31 de octubre el Ayuntamiento procedió al pago de los primeros 932.000 euros de los más de diez millones en que están cifrados los intereses de las huertas.

Tal como han explicado el presidente y el secretario de Fepave, Antonio Gil y Jaime Collado, respectivamente, con el dinero previsto destinar a los intereses «se podrían realizar muchas mejoras en la ciudad; por eso, porque consideramos que las huertas ya están bien pagadas, solicitaremos a los propietarios que piensen en la opción de aceptar suelo en lugar de dinero público, porque esto sería positivo para el presente y el futuro de la ciudad».

En este sentido, el alcalde aseguró recientemente que dos de las tres partes de los propietarios ya han mostrado su disposición a negociar mejores condiciones en el pago de los intereses para las arcas públicas. Unos estarían a favor del suelo y otros, a renunciar a parte del dinero que les corresponde por los intereses estableciendo un calendario de pago para el resto. No obstante, la negociación, según lo último dicho al respecto por Pizarro, sigue abierta.

La deuda de las huertas de la Isla ronda los 50 millones de euros entre pagos adelantados, ejecución de sentencias e intereses de demora. A los dos préstamos previos por importe de casi 10 millones de euros que se solicitaron durante el gobierno de Elia María Blanco, para pagar lo que entonces parecía el justiprecio definitivo, que no lo fue porque los propietarios recurrieron a la justicia, hay que sumar los otros 24 millones en que se cifró el precio final después de que los tribunales dieran la razón a los dueños y los 10.984.000 euros contabilizados finalmente por los intereses de demora en el pago.