La exclusión a dos agentes que costará 233.000 euros fue por «falta de acreditación de méritos»
El TSJEx dice que el Ayuntamiento actuó «no conforme a Derecho» y el PSOE asegura que el fallo refleja una «negligencia administrativa» y exige depurar responsabilidades
Juan Carlos Ramos
PLASENCIA.
Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00
Según las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 1 y 8 de octubre de 2024, la exclusión ilegal por «falta de acreditación ... de méritos» ha sido el motivo de la condena al Ayuntamiento de Plasencia a pagar cerca de 170.000 euros a dos policías locales, que cobrarán tres años íntegros, de 2022 a 2025, a pesar de no haber trabajado. Los tribunales determinan que el Consistorio apartó a los agentes en 2021 basándose en una valoración errónea y contraria a Derecho, lo que obliga ahora al desembolso de 169.738,38 euros en salarios atrasados. El coste total, con las cotizaciones a la Seguridad Social, supera los 233.000 euros.
El Ayuntamiento de Plasencia deberá abonar a cada policía 84.869,19 euros, después de que una sentencia firme haya reconocido que el Consistorio tardó tres años en incorporarlos en igualdad de condiciones respecto al resto de aspirantes de su promoción.
Los hechos se remontan a enero de 2022, cuando el resto de aprobados de la convocatoria para cuatro plazas de Policía Local comenzaron su formación en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Sin embargo, ambos agentes no fueron incorporados hasta el 22 de enero de 2025, a pesar de las resoluciones judiciales que les daban la razón y ordenaban equipararlos a sus compañeros desde el inicio del proceso.
Las sentencias revelan que en octubre de 2021, el alcalde de Plasencia dictó resoluciones por las que «se anularon las actuaciones» de los opositores en el proceso para cuatro plazas. La razón administrativa fue la presunta falta de acreditación documental, según se deduce de las demandas de los afectados. Sin embargo, la Justicia anuló esas exclusiones por considerarlas «no conformes a Derecho», es decir, infundadas o arbitrarias.
Denuncia del PSOE
El grupo municipal socialista de Plasencia ha respondido con un contundente comunicado en el que no solo denuncia el hecho, sino que lo enmarca en lo que califica como una «gestión marcada por la improvisación y la ausencia total de control interno». Los socialistas exigen una «depuración de responsabilidades» dentro del equipo de gobierno y de las áreas implicadas, y reclaman «explicaciones públicas y detalladas» sobre cómo ha podido prolongarse esta irregularidad durante más de tres años.
En su valoración política, el PSOE subraya que el Ayuntamiento ha incurrido en un «grave perjuicio económico directo para las arcas municipales», al tener que destinar fondos públicos a cubrir «errores administrativos evitables». Los socialistas insisten en que este pago es «inadmisible» porque recae sobre los ciudadanos, que «tienen que asumir con sus impuestos el coste de la mala gestión».
El comunicado socialista detalla que, mientras el resto de opositores inició su formación en enero de 2022, los agentes denunciantes «quedaron injustificadamente excluidos hasta enero de 2025», un retraso que atribuyen exclusivamente a la «inacción y mala gestión del equipo de gobierno». La formación advierte de que esta situación refleja un «evidente deterioro de la confianza en la institución» y exige «medidas inmediatas para reforzar los mecanismos de fiscalización y supervisión administrativa».
El detalle económico
El acuerdo de la junta de Gobierno local, que ratifica el pago, aporta una contabilidad pormenorizada del perjuicio causado, que abarca desde el 21 de enero de 2022 hasta el 22 de junio de 2025. El desglose por agente asciende a 84.869,19 euros brutos, distribuidos en 35.079,76 en retribuciones básicas y 49.789,43 en complementos. A esta cifra hay que sumar 31.664,69 euros por agente en concepto de cotización empresarial a la Seguridad Social que el Ayuntamiento dejó de ingresar durante ese periodo.
Además, el acuerdo incluye el reconocimiento de un trienio desde enero de 2025 y la retroacción de la antigüedad administrativa al 21 de enero de 2022, lo que no solo tiene efectos retributivos, sino que también condiciona su futuro desarrollo profesional y su posición en el escalafón.
La cronología posterior a la exclusión ilegal agravó el perjuicio. Aunque una sentencia de 2023 ordenó la reparación, el Ayuntamiento nombró a los agentes funcionarios en prácticas en febrero de 2024 estableciendo que sus derechos económicos y de antigüedad comenzarían únicamente al incorporarse a la Academia, algo que no ocurrió hasta enero de 2025. El TSJEx, en sus sentencias de octubre de 2024, desestimó este planteamiento y reconoció el derecho a la «retroacción absoluta de efectos» desde enero de 2022.
No fue hasta agosto de 2025, tras superar el curso de formación y ser nombrados funcionarios de carrera, y con los informes jurídico y fiscalizador internos ya aprobatorios, cuando la junta de Gobierno ratificó el pago. Este retraso en la ejecución judicial ha sido otro de los puntos criticados por el PSOE, que lo considera una muestra más de la «negligencia administrativa».
El caso trasciende el mero desembolso económico. La oposición subraya que episodios como este «erosionan la credibilidad de la administración pública» y generan «inseguridad jurídica» entre los empleados y opositores. El PSOE advierte de que la «irresponsabilidad continua» del equipo de gobierno puede tener «efectos negativos en la capacidad del Ayuntamiento para atraer y retener talento público». Con la ratificación del pago, el Ayuntamiento cumple finalmente el mandato judicial.
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