El Ayuntamiento de Plasencia sanciona a un catering de la Escuela Infantil de La Data por insalubridad

Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de junio, cuando el cocinero del centro alertó a la dirección sobre el mal estado del pescado entregado. En su informe, el director de la Escuela Infantil, Tomás Carlos Heras García, detalla que el producto presentaba un aspecto cuestionable y un alto nivel de merma, lo que generó dudas sobre su frescura. Además, se constató que el pescado no cumplía con los requisitos de despiece y desespinado establecidos en el pliego de condiciones técnicas del contrato. Adjuntó fotos con una gran cantidad de espinas.

El incidente más grave se produjo al comprobarse que el transporte del pescado se había realizado desde Salamanca hasta Plasencia en un vehículo particular no adaptado para el transporte de alimentos frescos, lo que supuso la ruptura de la cadena de frío. Según el relato del personal del centro, el comercial de la empresa mostró reticencia a mostrar el vehículo de transporte, alegando inicialmente que lo había aparcado lejos. Finalmente, admitió que había sufrido una avería y que por ello utilizó un coche particular para el reparto.

Ante la situación, la dirección del centro se negó a recepcionar el pedido y notificó de inmediato la incidencia al Ayuntamiento. En el informe remitido, se destaca especialmente la gravedad del caso por tratarse de un centro que atiende diariamente a menores de entre seis meses y tres años, para quienes es imprescindible garantizar los más altos estándares de seguridad alimentaria.

El pliego de condiciones del contrato establece claramente que los alimentos suministrados deben cumplir con la legislación vigente en materia sanitaria, incluida la normativa autonómica, estatal y europea. En concreto, se hace referencia al Código Alimentario Español y al Reglamento (CE) nº 178/2002, que fija los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria y establece la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

La infracción se enmarca dentro de las faltas «muy graves» previstas en el contrato, que contemplan penalidades de hasta el 10% del presupuesto anual del lote afectado. En este caso, la penalidad impuesta, equivalente al 10% del importe anual del contrato (7.099,80 euros sin IVA), será descontada de las facturas pendientes a la empresa.

Además de la sanción económica, el Ayuntamiento ha trasladado el informe a la Dirección de Salud para que se valore el impacto sanitario del incidente y se adopten las medidas pertinentes dentro de sus competencias. El contrato solo lleva en vigor tres meses, ya que se firmó el 9 de abril de 2025.

La Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad la imposición de la penalidad el pasado 6 de junio. El acuerdo también otorga a la empresa un plazo de diez días para presentar alegaciones. No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho a iniciar otros expedientes sancionadores o incluso resolver el contrato si persisten los incumplimientos.