Tres nuevos proyectos elevan a 11.048 el número de viviendas de 60.000 euros

La Junta seguirá interviniendo en el sector mientras los ayuntamientos «no califiquen suelo suficiente». El Consejo de Gobierno aprobó ayer dos promociones de 605 pisos en Plasencia y una de 200 en Mérida.

J. L. A.MÉRIDA

«El Plan se ha desbordado». El compromiso electoral de los socialistas extremeños era promover 8.000 viviendas de 60.000 euros y con los tres proyectos aprobados ayer hay suelo previsto para 11.048 en un total de 43 actuaciones en 17 ciudades.

El director de la Agencia de la Vivienda, Javier Corominas, informó de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de tres nuevos proyectos de interés regional (PIR).

Se trata de La Data en Plasencia, con 578 viviendas de las cuales 325 son de 60.000 euros; San Miguel-PP3 en la misma ciudad con 599 (280 de ellas de 60.000), y Villaemérita (Barrio San Juan) en Mérida, con 400 pisos previstos de los que 200 se venderán al equivalente a diez millones de pesetas.

Un cuarto PIR, El Junquillo en Cáceres con 1.992 viviendas (700 de 60.000) quedó pendiente de aprobación porque aún todavía le faltan detalles.

22.309 protegidas

En estos momentos el Plan Especial de Vivienda de la Comunidad tiene suelo en previsión para un total de 22.309 viviendas de las cuales 11.048 son de 60.000 euros e incluso menos ya que hay algunas que saldrán por hasta 40.000 euros.

El resto hasta 22.309 son de protección oficial régimen especial, protección régimen general (1.273) y viviendas de precio medio (9.843).

De la anterior cifra de 11.048 pisos que se pondrán en el mercado al precio más económico, 10.425 son propiamente del programa especial a 60.000 euros distribuidas en 17 localidades, hay además 454 de protección oficial régimen especial en ocho (Azuaga, Coria, Jaraíz, Jerez, Miajadas, Moraleja, Villafranca y Zafra), y 169 de acceso diferido todas en Cáceres.

Esta última es una figura nueva recientemente aprobada por el Gobierno regional y se trata de pisos sociales promovidos por la Comunidad que se adjudican inicialmente en alquiler pero que pasados cinco años la Junta los ofrece en venta a un precio acordado desde el principio. Sus beneficiarios no pueden ingresar más de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional.

Estos pisos de acceso diferido saldrán finalmente a un precio de entre 40.000 y 45.000 euros según Javier Corominas ya que disfrutan de una bonificación del 10% en el precio y algunas otras ayudas; las cantidades anteriores pagadas por alquiler se descuentan del precio final.

«Ni un paso atrás»

El Gobierno extremeño está calificando suelo suficiente como para que en el futuro no sea necesaria ninguna iniciativa urbanística extraordinaria para construir vivienda asequible, explica el responsable de la Agencia de Vivienda.

«La Junta quiere tener suelo suficiente que ofrecer a los promotores para que ellos vendan las casa a un precio determinado».

Corominas critica la iniciación de una campaña de «descrédito» por parte de algunos promotores contra el «intervencionismo» oficial en el sector de la vivienda. La Junta «no va a retroceder ni un paso ante esas presiones», y seguirá interviniendo «mientras los ayuntamientos no califiquen suelo suficiente para hacer vivienda protegida».

Lo mejor a su juicio es que los promotores trabajen con precios controlados y el ciudadano vea estabilidad en la oferta.

Es optimista Javier Corominas porque lo que parecía «una utopía», se está «haciendo realidad». Con esta política «vamos a frenar el crecimiento de los precios y el que se produzca no superará al de los salarios».

Las familias, para comprar piso, «no se endeudarán hasta las orejas, y no sólo los adquirientes sino sus padres».

Para ello hay que expulsar del sector a los «toreros», los oportunistas que compran un terreno y acaban vendiéndolo a un promotor cuando sube su precio».

Llaves en navidades

En Cáceres ya hay dos pequeñas promociones, de 96 viviendas en Mejostilla y 73 en La Cañada, construidas y listas para entregar, y las siguientes serán las 262 de la primera fase de Mérida Tercer Milenio, cuyas llaves se entregarán en fechas próximas a las navidades; Tercer Milenio es un proyecto urbanístico amplio que llevará Comisaría, Palacio de Justicia y «probablemente» un centro comercial.

Los cálculos de la Agencia son que la oferta prevista está ya por encima de la demanda en Badajoz y Cáceres, en esta última los solicitantes son 3.600 ya que la cifra de 8.000 incluye según Javier Corominas muchas solicitudes repetidas en varias promociones.

Antes de que acabe julio el Consejo de Gobierno aprobará nuevas promociones; en Badajoz hay varios proyectos y otro con la comunidad Tajo-Salor de 1.150 viviendas en 14 localidades.

Además del Plan Especial, el Consejo autorizó ayer al presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio a contratar las obras de construcción de 18 viviendas de promoción pública en Fuente del Maestre, con un presupuesto de 972.000 euros.

Otros acuerdos

El Gobierno aprobó también los decretos por los que se declara la ocupación urgente de terrenos para la realización de una glorieta en la intersección de las carreteras EX-346 y EX-347 en la localidad de La Haba; para llevar a cabo obras de canalización de cauces de arroyos en Santa Marta de los Barros y Retamal (pedanía de Solana de los Barros), y para mejorar el sistema de abastecimiento de agua en Olivenza.

Además ha autorizado la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Hervás para la construcción del Centro de Servicios Integrados para el Mueble y la Madera en el Valle de Ambroz, según el cual la Consejería aportará la cantidad de 180.000 euros destinados a subvencionar dichas obras.

Mujeres y titulados

Recibió el visto bueno el III Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Extremadura (2006-2009) que se divide en seis áreas que persiguen diferentes objetivos.

Salió también adelante un decreto que establece las condiciones básicas para contratar en la Junta a los 182 titulados con los mejores expedientes de la Universidad de Extremadura durante un año; estos contratos tienen como finalidad permitir la aplicación y el perfeccionamiento de los conocimientos de los trabajadores y facilitar una práctica profesional adecuada a sus niveles de estudios, según el Gobierno extremeño.