La Audiencia Nacional paraliza el traslado a Cataluña de los 'papeles de Salamanca'

La Audiencia Nacional paralizó ayer de manera "cautelarísima" el envío a la Generalitat de los documentos de la Guerra Civil, que se encontraban hasta el pasado jueves en el Archivo de Salamanca, y posponer al próximo martes la decisión sobre su traslado.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó anoche que "el Gobierno, con toda normalidad y con toda celeridad, responderá jurídicamente por su cauce" tanto a esta resolución de la Audiencia Nacional, como a la del Tribunal Constitucional que, también ayer, admitió a trámite un recurso de la Junta de Castilla y León contra el traslado de los "papeles" de Salamanca.

La determinación de la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional fue acordada por unanimidad, y plasmada en un auto firmado por el presidente de esa sección, José Luis López Muñiz, con el acuerdo de los magistrados Begoña Fernández Dozagarat, Jaime Alberto Santos, Isabel Reza Gómez y María Dolores de Alba Romero, supo Efe en fuentes de ese organismo.

El auto respondía así a un recurso del ayuntamiento de Salamanca solicitando la suspensión cautelar del traslado del archivo, al considerar que se había prescindido del procedimiento previsto por la ley para sacar del archivo salmantino los papeles sobre la Guerra Civil española.

Será el martes, 24 de enero, cuando se decidirá sobre el traslado o no de los documentos y será tras una vista en la que el abogado del Estado y el representante del Ayuntamiento salmantino expondrán sus alegaciones en la Audiencia sobre el caso.

Distintos puntos de vista

Instituciones castellano-leonesas y catalanas manifestaron anoche opiniones divergentes sobre la medida de los jueces, y otras, entre ellas la Generalitat o partidos como ERC prefirieron el mutismo y esperar a hoy para valorar la decisión de la Audiencia Nacional.

El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, explicó que la petición de que los papeles permanezcan en Madrid se fundamenta en que "se ha vulnerado la ley", la cual ordena el traslado de estos documentos, ya que parte de ellos no corresponden a instituciones o particulares catalanes.

La Junta de Castilla y León exigió "diálogo y negociación", dijo su vicepresidenta segunda y portavoz, María Jesús Rui.

La consejera de Cultura de la Junta, Silvia Clemente, dijo que con la medida de la Audiencia espera que se "devuelva la razón al terreno científico, que es donde siempre hemos apoyado las tesis, e impedir que el patrimonio histórico se vea sometido a vaivenes".

Y el secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, aludió a que ahora entiende "las razones por las que el Gobierno tenía tanta prisa en sacar los documentos del Archivo de la Guerra Civil" sin aclarar datos.

De los partidos catalanes, anoche hablaron el PSC que consideró que el traslado de los documentos del Archivo General de la Guerra Civil a Cataluña "es legal", y confió en que "al final se haga esta valoración", según ha declarado a Efe un portavoz de la formación.

También opinó el portavoz de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), David Madí, para quien el auto "contribuye a enrarecer el clima sobre el asunto", y que supuso "una sorpresa desagradable" que "deseamos que se soluciones con máxima celeridad posible", porque "ni un día más se puede mantener la injusticia de no devolver los papeles a Cataluña".

24 horas después de que 500 cajas con documentación incautada a la Generalitat, el Parlamento catalán y organismos relacionados, y que permanecían en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, salieran del mismo con destino a Madrid, donde esperan su inmediato traslado definitivo a Barcelona, el Tribunal Constitucional dio a conocer a media mañana su providencia fechada el 17 de enero.

En ella, el TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la ley de devolución a Cataluña de los "papeles de Salamanca", además de pedir la opinión de las partes sobre una posible suspensión cautelar de la misma.

En su providencia el TC acuerda dar traslado de la demanda y la documentación presentada por la Junta al Congreso, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Sin comentarios en el Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura ha eludido esta mañana hacer cualquier comentario sobre la decisión de la Audiencia Nacional ya que el asunto "está en manos de la Justicia", según una portavoz del departamento que dirige Carmen Calvo.

La misma portavoz se ha remitido a las declaraciones que anoche realizó el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en las que éste aseguró que el Gobierno responderá a la decisión jurídicamente "con toda normalidad y con toda celeridad" y "desde la convicción de estar absolutamente asistido de la mejor razón en Derecho".