La Audiencia Nacional embarga los bienes de los asesinos de Baglietto

Un error de prisiones impide iniciar el juicio por el crimen de Oleaga Xabier Alegría se niega a declarar ante el tribunal que juzga el 'caso Ekin'

M. S. P.MADRID

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer el embargo inmediato de todos los bienes que estén a nombre de Kandido Aspiazu Beristain e Ignacio Zuazolazigorraga, los etarras que en 1980 asesinaron al militante de UCD Ramón Baglietto y que supuestamente regentan sendos negocios sin haber satisfecho la indemnización a sus víctimas.

El embargo no es inmediato, y cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Pero, entre tanto, la Audiencia Nacional ha remitido requerimientos a la Agencia Tributaria y a las haciendas forales de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra para que lleven a cabo una «completa investigación patrimonial» no solo sobre los bienes inmuebles a nombre de los dos terroristas, sino de sus cuentas bancarias, sueldos, activos, ayudas, subvenciones o posibles subsidios públicos a fin de que también puedan ser bloqueados.

La sala también se ha dirigido a la Dirección General de Tráfico (DGT) para conocer si los dos etarras condenados tienen vehículos a motor que puedan ser requisados. El ponente del fallo y presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, llega en su resolución más lejos incluso de lo que planteaba la Fiscalía. El Ministerio Público reclamó la pasada semana solo el embargo del negocio y de una cuenta de La Caixa a nombre de Aspiazu, el etarra que en marzo del 2005 abrió una cristalería en el mismo inmueble de la localidad guipuzcoana de Azkoitia en el que vive desde hace décadas Pilar Elías, viuda de Baglietto.

Por su parte, Zuazolazigorraga regenta un restaurante en las proximidades de Tolosa (Guipúzcoa), según ha denunciado la propia Elías. En su resolución, que será notificada hoy a las partes, la Audiencia Nacional no entra a valorar si ha prescrito o no la obligación de los dos terroristas de indemnizar a la familia de su víctima al haber transcurrido más de quince años desde que se dictó la sentencia firme, plazo máximo que contempla la ley.

El tribunal condenó el 21 de noviembre de 1981 a Azpiazu y a Ignacio Zuazolazigorraga a 49 años de cárcel y a pagar doce millones de pesetas a los herederos de su víctima como responsabilidad civil. La sentencia se confirmó el 23 de diciembre de 1981, ya que no fue recurrida. Los terroristas salieron de la cárcel, pero nunca pagaron la indemnización, pues la Audiencia Nacional les declaró insolventes en enero de 1981.

Director financiero

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional no pudo comenzar ayer el juicio contra los cuatro etarras acusados de asesinar el 24 de mayo del 2001 al director financiero de 'El Diario Vasco', Santiago Oleaga, debido a un error de Instituciones Penitenciarias, que olvidó trasladar a la Audiencia Nacional a uno de los procesados.

Según explicaron fuentes judiciales, el tribunal había remitido el pasado viernes oficios a las cárceles de Valdemoro y Soto del Real, ambas en Madrid, para que los centros preparan la conducción de los presos. Sin embargo, ayer solo fueron trasladados a la Audiencia Nacional los etarras Luis Carrasco, Patxi Makazaga y la colaboradora de la banda Oskarbi Jáuregui.

El cuarto miembro del 'comando Erezuma', Ibón Etxezarreta, se quedó en Valdemoro. Ante la imposibilidad de comenzar la vista oral, la Sección Tercera optó por aplazar el juicio y decidió volver a intentarlo el próximo 19 de enero. Carrasco, Etxezarreta y Makazaga se enfrentan a una pena global de 142 años de cárcel mientras que la presunta colaboradora del comando a dos años de prisión por falsificación de placas de matrícula. El fiscal también pedirá para cada uno de los cuatro una pena de cinco años de alejamiento, tiempo durante el cual no podrán aproximarse a la familia de la víctima, a sus domicilios y lugares de trabajo una vez que hayan abandonado la cárcel.

Aplazamiento

El principal acusado en el macrojuicio contra el entorno de ETA que se celebra en la Audiencia Nacional, Xabier Alegría, se negó ayer a contestar a las preguntas del fiscal tras afirmar que el tribunal «avala la tortura». Alegría se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 51 años de prisión por integración en ETA. El juicio se ha aplazado hasta el próximo lunes.

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