La Fiscalía pide penas de 10 años para dos dirigentes del aparato militar de ETA

Además, solicita ocho años para dos integrantes del 'comando Argala' y penas de cinco y de tres años para otros dos etarras franceses

EFE | PARÍS

La fiscalía del Tribunal Correccional de París ha pedido hoy sendas penas de 10 años de cárcel para Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi, considerados dirigentes del aparato militar de ETA cuando fueron detenidos en Francia en septiembre de 2002.

La fiscalía justifica su petición de penas contra los dos etarras en que ambos eran "responsables" de la rama militar de la organización terrorista, así como de la actividad operativa de todos sus comandos, tanto "legales" como ilegales. Para Óscar Celarain Ortiz y Andoni Otegi Eraso, que también son juzgados en esta vista abierta el pasado día 2, el Ministerio Público ha solicitado ocho años de prisión para cada uno.

Estos dos etarras son considerados ex integrantes del 'comando Argala', al que se atribuyen atentados contra objetivos turísticos en España en el verano de 2002, incluido el que mató a dos personas en Santa Pola (Alicante). El tribunal juzga a todos ellos por el delito de asociación de malhechores con fines terroristas, penado con hasta 10 años de prisión, así como otros cargos.

También son juzgados los franceses Saroia Gallaraga y Bruno Josie, de 24 y 32 años, cuyo papel, según la acusación, era fundamentalmente facilitar ayuda logística a ETA en Francia. Para Gallaraga, la fiscal Sonya Djemini-Wagner ha reclamado cinco años de prisión, mientras que para Josié ha pedido tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento.

En su requisitoria, la representante del Ministerio Público ha pedido al tribunal que "no se desinterese" por el hecho de que la mayor parte de los juzgados son ciudadanos españoles y cometen atentados en territorio español, ya que ha hecho hincapié en que utilizaban el territorio francés como "base de retaguardia" y en que disponían de documentos falsos, armas y municiones, lo que prueba el carácter delictivo de sus actividades en este país.