CNT entrega alegaciones a la ordenanza sobre convivencia

REDACCIÓNCÁCERES

El sindicato CNT ha entregado esta semana en el Ayuntamiento de Cáceres sus alegaciones al proyecto de ordenanza reguladora de la convivencia ciudadana del Ayuntamiento cacereño, en las que muestra su rechazo al conjunto del texto ya que a su juicio supone «un ejemplo de las políticas de control social coetáneas al neoliberalismo».

En una nota de prensa, este sindicato considera que el proyecto de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Convivencia Ciudadana y de la Protección del Entorno Urbano supondría, en caso de ser aprobada, «una restricción a derechos constitucionales como la libertad de expresión puesto que hay que pedir permiso hasta para colocar una pancarta en el balcón de tu casa o repartir panfletos».

Comunicación

A juicio del sindicato se trata de un ataque a los medios de comunicación usados por la ciudadanía y las organizaciones sociales sin una capacidad económica tal que les permita costearse grandes campañas de publicidad, al modo de las grandes empresas beneficiadas de la actual liberalización económica.

Según la organización, «la Ordenanza es una herramienta necesaria para llevar a efecto las políticas neoliberales que determinan el funcionamiento de las sociedades capitalistas» uno de cuyos efectos es el fin del Estado del Bienestar y sus consecuencias sociales, como son desestructuración, conflictividad y descontento que generan mensajes y organizaciones disidentes con el status quo.

«Ante estos efectos la Administración crea y lleva a la práctica iniciativas como la que nos ocupa cuyo fin último es proteger intereses privados con dinero público», lamenta la CNT.

Aldea Moret

Por su parte, la Asociación Socio Cultural Aldea Moret se ha manifestado también en contra de la ordenanza tras acordarlo en la reunión de su junta directiva celebrada el pasado 14 de diciembre.

La asociación critica numerosos artículos del texto por considerar que atentan contra varios derechos de los ciudadanos , entre ellos el de expresión o el de reunión, ya que se prohíbe el reparto de octavillas y colocar carteles sin permiso, y además se hace responsable a los convocantes de manifestaciones de los daños que se puedan causar.

El colectivo asegura que se trata de una ordenanza «arcaica, reaccionaria y anticonstitucional», y pide que además del contenido y la terminología utilizada en determinados artículos, se modifique el procedimiento sancionador.