En Extremadura no hay inspectores específicos para velar por la ley antitabaco

Las competencias pertenecen a la Junta y el organismo encargado de sancionar es la Dirección General de Salud y Consumo Comunitario Sin embargo, es prácticamente imposible denunciar una violación de la normativa: Policía, Guardia Civil... te remiten a la Junta

D. NÚÑEZ A. R. ROBUSTILLO

Desde el uno de enero está prohibido fumar en los locales públicos cerrados, incluidos los centros de trabajo. La ley reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad del tabaco establece con claridad los establecimientos en los que no se puede encender un simple cigarrillo, incluso las sanciones que les pueden acarrear al infractor. Pero la realidad es que resulta casi imposible perseguir el 'delito'. De hecho, en Extremadura no hay inspectores específicos que velen por la norma.

Las competencias de vigilar el incumplimiento de la polémica ley corresponden a la Junta de Extremadura. El consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara, indicó a HOY que el organismo competente es la Dirección General de Salud y Consumo Comunitario. A ella deben dirigirse las denuncias y a ella corresponde incoar el expediente sancionador. Pero esto, sobre el papel, porque la realidad es que nadie tiene claro que hacer en caso de una denuncia. Es más, difícil lo tiene cualquiera que intente denunciar una violación de la ley, ya sea porque los compañeros de la oficina están utilizando el baño de fumadero o porque algún jefe amenaza a cualquiera que pretende salir a la calle a echar un pitillo. De hecho, ayer fue imposible que alguna institución se hiciera cargo de una queja ficticia presentada por este periódico, a pesar de que desde el Gobierno regional se aseguraba que «cualquier inspector de trabajo, de seguridad e higiene o, incluso, de turismo, cualquier policía nacional o municipal, cualquier guardia civil o cualquier ciudadano, que luego pueda demostrarlo, puede presentar la correspondiente denuncia».

Todos, a la Junta

Muy políticamente correcto. Pero la realidad es bien distinta. En la delegación del Gobierno nos remitieron a la Junta, un guardia civil nos comentó en un bar que no le habían dado instrucciones de qué tenía que hacer si algún cliente se le ocurría encender un cigarro en el espacio reservado para los no fumadores y en la sede de la Policía Municipal de Badajoz también nos enviaron a la Consejería de Sanidad cuando una redactora se hizo pasar por una ciudadana normal que quería denunciar a su jefe porque estaba fumando en la oficina.

Más surrealista fue la queja ante la Policía Nacional. Un agente escucha atentamente el caso e intenta ofrecer con amabilidad toda la ayuda posible. Pregunta primero, como debe ser, si el trabajador ha denunciado ya la situación a su superior.

Agente: ¿Ya ha presentado la queja a su jefe? Ése es el primer paso que hay que dar.

Redactora: No, porque precisamente uno de los que está fumando es mi jefe.

Agente: En ese caso intente dialogar con él de manera sosegada porque hay que intenta resolverlo de manera interna.

Redactora: Sí, pero al tratarse de un superior, la queja no ha servido para nada.

Agente: En este caso, tiene que buscar a un miembro del comité de empresa, que debe represetarla y defender sus derechos.

Redactora: Mi jefe forma parte del comité de empresa.

Ante esta situación el agente opta por consultar esta peculiar situación y finalmente deriva la denuncia a la Consejería, ya que «no es un hecho -el denunciado- punible por vía penal, sino sanitaria».

En resumen, que nadie o, mejor dicho, muy pocos, saben qué hay que hacer cuando pillen 'in fraganti' a un fumador disfrutando de una 'calá' en un espacio sin humo. Menos mal que la ciudadanía, salvo contadas excepciones, se está portando con educación exquisita y está respetando la prohibitiva legislación.

El consejero Fernández Vara lo apuntó cuando le interrogamos sobre qué hacer para hacer cumplir la ley: «Cuando una norma afecta a la convivencia, hay que dejar margen suficiente para que poco a poco se vaya cumpliendo».