Asistimos nuevamente a otro de los momentos de inflexión (casi siempre descendentes) en el desarrollo de la enseñanza superior en Extremadura: la decisión política de ... autorizar la creación de universidades privadas, en libre competencia con la maltrecha universidad pública (UEx), actualmente única existente.
En efecto, el primer momento singular se produjo casi en los orígenes, cuando se decidió crear una universidad bicéfala geográficamente, no se sabe por qué razones ni con qué fin; nunca se explicó. El segundo momento de inflexión, condicionante, fue cuando se decidió distribuir de forma asimétrica las titulaciones y, por consiguiente, las infraestructuras. Momento singular, también, fue cuando la UEx se esparramó en cuatro campus y se decidió, por necesidades políticas partidarias, su crecimiento explosivo en titulaciones y profesorado, sin tener en cuenta criterios realistas de financiación, calidad o proyección académica, conforme a lo que se debe esperar de una institución universitaria formadora de profesionales e investigadores, cuya funcionalidad social es claramente estratégica. Todos los momentos citados, casi de forma irreversible, condicionaron gravemente el desarrollo de la UEx y, también en cierta medida, el deseable desarrollo regional. Y llegamos ahora a un nuevo momento: la implantación de universidades privadas en Extremadura.
Extremadura es una de las pocas comunidades autónomas españolas que todavía no tiene una universidad privada. Ahora, la idea de crear una empieza a ganar adeptos. Pero la pregunta no es solo si es viable, sino si es realmente necesaria. Con una población de 1.053.000 habitantes, una única universidad pública con cuatro campus y una financiación insuficiente, la cuestión que hay que plantearse es clara: ¿qué aporta una universidad privada que no pueda lograrse con una mejora de la universidad pública existente?
A primera vista, podría parecer que la competencia entre universidades impulsaría la calidad de la enseñanza. Sin embargo, en un sistema con recursos limitados y un mercado universitario pequeño, el riesgo de que la privada termine debilitando a la pública es evidente. Antes de tomar una decisión que cambiaría el mapa educativo de la región, conviene plantearse preguntas clave.
Si Extremadura va a tener una universidad privada, que al menos sea una institución de excelencia, no un simple negocio. No necesitamos un centro con titulaciones generalistas y calidad dudosa, donde lo importante no sea la formación del alumnado sino la rentabilidad de la empresa que la gestione.
Para justificar su existencia, la universidad privada debería ofrecer titulaciones innovadoras que complementen, y no dupliquen, la oferta de la UEx. También debería garantizar la contratación de un profesorado de primer nivel, no limitándose a fichar a los mismos docentes que ya trabajan en la pública con mejores sueldos y menos carga investigadora.
Y aquí surge otra cuestión: la investigación. ¿Será la universidad privada un motor de producción científica o se limitará a la docencia? Porque si no tiene un compromiso serio con la investigación, difícilmente podrá competir con las mejores universidades españolas y europeas. Extremadura no necesita otra universidad porque sí, sino una institución que eleve el nivel de conocimiento y desarrollo en la región.
Uno de los argumentos a favor de la universidad privada es que la competencia puede mejorar la calidad de la educación. Pero esta teoría no siempre se cumple cuando los recursos son limitados. Si la privada ofrece mejores condiciones salariales y menos exigencias académicas, es probable que muchos docentes de la UEx se sientan tentados a cambiarse de institución. Esto podría generar una fuga de talento dentro de la propia región, debilitando la capacidad de la universidad pública para seguir atrayendo a los mejores profesores.
Y no solo el profesorado podría verse afectado. También el alumnado podría dividirse entre quienes puedan permitirse pagar las matrículas de la privada y quienes dependan de la pública. Esto no solo afectaría a la financiación de la UEx, sino que podría consolidar una brecha entre universidades de «primera» y «segunda» en la comunidad. Además, hay un riesgo claro: si el número de estudiantes extremeños no crece significativamente, la llegada de una universidad privada no ampliará la oferta educativa, sino que redistribuirá la misma demanda, poniendo en jaque la estabilidad de la UEx.
Otra cuestión a decidir es: ¿dónde se ubicaría la universidad privada? Si se instala en Badajoz o Cáceres, entraría en competencia directa con la UEx. Si se elige otra ciudad para «descentralizar» la oferta educativa, ¿habrá suficiente demanda para justificar su existencia? Y aquí surge otra pregunta: ¿los criterios para elegir su ubicación serán educativos o económicos? ¿Se situará en un punto estratégico para mejorar el acceso a la educación o simplemente donde haya intereses inmobiliarios que hagan rentable la inversión? Porque una universidad no es solo un edificio bonito con aulas modernas; necesita atraer talento, generar conocimiento y estar bien integrada en el tejido económico y social de la región. ¿Realmente Extremadura puede permitirse este lujo?
Antes de tomar una decisión de este calibre, Extremadura necesita un debate serio. Si hay recursos para una universidad privada, ¿no sería más lógico invertirlos en reforzar la UEx, mejorar sus infraestructuras y ampliar su oferta académica?
En lugar de dividir esfuerzos, ¿por qué no apostar por la excelencia en la universidad pública? Si la UEx tuviera una financiación adecuada, podría situarse entre las mejores universidades de España y competir con instituciones internacionales. La pregunta no es si Extremadura necesita otra universidad, sino si está en condiciones de dividir recursos en lugar de fortalecer lo que ya tiene.
Si, a pesar de todo, se decide crear una universidad privada, debe hacerse con garantías:
–Que ofrezca titulaciones novedosas y con alta demanda laboral. No tiene sentido que repita la oferta de la UEx sin aportar valor añadido.
–Que apueste por la investigación y el desarrollo. No debe ser solo un centro de docencia, sino un motor de innovación.
–Que no debilite la universidad pública. Su existencia no puede ser a costa de la UEx, sino complementaria a ella.
En definitiva, Extremadura debe decidir si quiere competir con las mejores universidades de España y Europa o si prefiere fragmentar su ya escaso presupuesto educativo. Porque la educación superior no es solo una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y lo que se haga hoy marcará el futuro de la región para muchas generaciones.
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