Almaraz y Valdecañas

La central tenía previsto el cierre de la unidad I en 2027 y la unidad II en 2028, según un acuerdo firmado en 2019 entre el Gobierno central y las empresas propietarias de la central: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Próximo a alcanzar la fecha límite para proceder al cierre definitivo, las empresas propietarias han decidido prorrogar el funcionamiento de la central. Fijaron una fecha para tomar la decisión y, a continuación, demoraron la reunión. Se celebra la reunión y aplazan la decisión. Así han estado jugando durante meses y meses con todos los trabajadores de la nuclear, con las administraciones, ayuntamientos, colectivos y por ende con todos los extremeños.

El juego ha durado prácticamente hasta el último día que venciera el plazo fijado para proceder al cierre, a sabiendas de que desde el principio iban a solicitar la continuación de la central. La nueva fecha fijada es 2030. Es decir tres años más de lo previsto en la unidad I y dos años más para la unidad II. Ambas unidades se cerrarán, como era lógico, el mismo año. ¡Qué ridiculez! ¡Si ya casi deben movilizarse las corporaciones, los partidos políticos y las distintas asociaciones para ir solicitando otra nueva ampliación del plazo establecido!

En todo este tiempo la única finalidad de las empresas ha sido la de lograr bajar los impuestos. La Junta se ha comprometido a bajar el impuesto que recauda a la nuclear mientras que el Gobierno central no ha rebajado ni un duro. ¿Pero es que los extremeños tenemos que ser siempre los tontos de la película? Y seguro que las empresas quedarán muy bien de cara a la población. ¡Qué buenos somos que hemos ampliado el funcionamiento de la central atendiendo a solicitud de la mayoría de los ciudadanos! Listos, pero sin escrúpulos.

El otro punto de atención es el Complejo de la Isla de Valdecañas. Dos décadas de recursos, contrarrecursos, litigios, dictámenes, sentencias con varios tribunales implicados. Dos sentencias tienen el mayor protagonismo, y ambas en el mismo sentido, desmantelar el complejo. Así ha sido el pronunciamiento del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

El encargado de ejecutar las sentencias de ambos tribunales es el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Tribunal que ya se pronunció en el sentido de que el derribo y desmantelamiento de todas las instalaciones del complejo conllevaría un perjuicio ambiental de grandes proporciones y un coste económico exagerado. Resolvió mantener lo que ya estaba construido. Qué cara se les pondrá a los miembros de este tribunal si finalmente deben proceder al derribo, si este mismo tribunal había fallado que el derribo era de alguna forma inviable. Para proceder a la demolición necesitará un informe ambiental, emitido por la Junta de Extremadura, que seguro será desfavorable. Y si el tribunal tiene un informe desfavorable, ¿cómo podrá llevarse a cabo la demolición?

En base a la ley 3/2023 aprobada en nuestra Comunidad que recoge que no existe declaración expresa de Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS), el gobierno de la Junta de Extremadura ha modificado los límites de las (ZEPAS) sacando el complejo de la ZEPA de Valdecañas.

Ya el grupo de Ecologistas en Acción ha preparado un recurso para ir en contra de esta modificación. Considera que su fin no es otro que salvar Valdecañas del derribo. Puede que la ley de 2023 y esta modificación de los límites sea suficiente para impedir la demolición. Si el TSJEx no lo considerase así, seguro que se recurriría al Supremo y, en caso de negativa, al Constitucional e incluso a tribunales europeos. No sería nada extraño, que si ya llevan 20 años de recursos, transcurrieran otros 20 años más y que los extremeños se gasten unos 200 millones de euros en el derribo. Y todo ello para demoler un espacio que, como así lo consideran cantidad de expertos y el propio TSJEx, su situación ambiental actual es mucho más rica y diversa que la anterior. Penoso lo de Almaraz y penoso lo de Valdecañas.