La tensión entre Cs y Vox mantiene en el aire el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Son días, advierten en el PP, de «representación», sin llegar a vislumbrar si el pulso acabará con Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. También en Murcia los de Abascal reclaman una negociación «visible, transparente y simultánea de los tres partidos» para apoyar a Fernando López Miras.

Los populares tratan de templar y su brújula apunta hacia Andalucía, donde la cuerda se tensó en enero, pero no se rompió y acabó con un Gobierno en minoría de conservadores y Ciudadanos con el respaldo externo de Vox. «Ese ejemplo es bastante orientativo –señaló Pablo Casado–, los partidos ponían sus propuestas en la mesa y nosotros lo que hacíamos era llegar a textos conjuntos». La diferencia es que entonces los liberales no se vieron forzados a participar en un acuerdo a tres.

De momento, los de Abascal han aparcado su solicitud de entrar en el Ejecutivo autonómico de Madrid y aseguran que su prioridad no es «pedir consejerías», lo que desbarataría los planes de coalición exclusivamente con el PP que reivindica Ciudadanos. Tampoco ven condición indispensable sentarse a negociar en una mesa conjunta, aunque sí que el acuerdo final sea rubricado por todas las partes. Y, sin que las conversaciones hayan comenzado –Vox se propone explorar hasta el 2 de julio–, el pacto se presenta difícil.

Leído el documento, Ciudadanos compareció para negar consensos con aquellos que «quieran hacer retroceder a la Comunidad de Madrid, que frivolicen con la violencia machista, que estigmaticen a los inmigrantes y ataquen al colectivo LGTBI». «No habrá un Gobierno bajo esas condiciones; mis principios y los de mi partido están por encima», escenificó su oposición Ignacio Aguado. También colocó la pelota en el tejado del PP y dijo querer hablar con formaciones que busquen «progresar».

Fue una declaración sin preguntas y no hubo oportunidad de aclarar si con ese verbo apuntaba a la izquierda, pero en el PP dieron por sentado que no después de una campaña en la que Ciudadanos descartó todo entendimiento posible con el PSOE.

Los populares, mientras tanto, que se juegan retener uno de sus principales feudos y no pueden permitirse que la Comunidad de Madrid se les escape, optaron por mostrarse conciliadores con Vox. El presidente del PP incidió en que «es un partido que no está proponiendo nada que sea inconstitucional» y censuró que haya quien lo equipare con Bildu como posible socio político.

También Díaz Ayuso vio posibilidades de consenso y, aunque no cerró la puerta a revisar algunos aspectos legales, sí se opuso a entrar «en ningún debate estéril que vuelva a dividir a la sociedad» tras el planteamiento de Vox sobre el colectivo LGTBI. Los de Abascal incluyen la derogación de artículos de la normativa contra la discriminación por identidad sexual en el apartado en el que defienden «la libertad de los padres a educar según sus convicciones morales».

Lo que el PP deja fuera del diálogo son las competencias que trascienden a la Comunidad de Madrid. En concreto, Vox pide identificar a los inmigrantes en situación irregular y repatriar a los menores no acompañados. También defiende requerir al país de origen «el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado» del servicio.

Eliminar o bajar impuestos, realizar una auditoría de las subvenciones otorgadas en los últimos años, suprimir las destinadas a financiar «chiringuitos, entes, sindicatos, patronales o empresas públicas» que tengan «carácter ideológico» o que supongan una duplicidad de competencias, eliminar «la ayuda al exterior» y crear una Consejería de Familia y Natalidad.

Aprobar un pin parental para que los padres «puedan excluir a sus hijos» de actividades contrarias a sus convicciones y protocolos frente a la discriminación, acoso y violencia.

Identificar a todos los inmigrantes en situación irregular «con especial atención» a la repatriación de los menores no acompañados, requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los «ilegales como de los comunitarios o visitantes» que se beneficien del servicio y suprimir las ayudas a las asociaciones que promuevan la inmigración ilegal.