Entre el voluntarismo y la realidad

Los 100 días transcurridos desde la investidura de Pedro Sánchez constituyen un buen ejemplo del largo trecho que separa la voluntad de resolver problemas y la capacidad real para hacerlo. A nadie puede extrañar que el brioso entusiasmo con el que el presidente accedió a la Moncloa haya chocado contra el muro de su precariedad parlamentaria hasta el extremo de que, apenas tres meses después, el futuro y la duración de la legislatura se antojan más que inciertos. La variopinta mayoría que derrocó a Mariano Rajoy en la moción de censura era la suma de intereses tan contrapuestos que, como ya ha quedado patente, fiar a ella la estabilidad del país representaba un acto temerario condenado al fracaso. La llegada del PSOE al Gobierno le ha dado alas en las encuestas y ha rebajado el clima de crispación que caracterizó el último mandato del PP. Pero el bloqueo político que atenaza España es similar al de ese periodo e insostenible durante mucho tiempo. El atractivo equipo formado por el presidente ha visto lastrada su gestión por la falta de apoyos para aprobar algunos de los proyectos que debían dar cuerpo al cambio en el poder. El Ejecutivo se ha esforzado en compensar esas limitaciones con márketing y guiños progresistas, entre los que se han colado rectificaciones y patinazos difíciles de justificar. La sintonía personal que han tejido Sánchez y Pablo Iglesias, sostenida en la contradictoria necesidad de colaborar y competir entre sí a la vez, aliviará la debilidad parlamentaria del Gobierno si se plasma en acuerdos concretos. Pero, en todo caso, será insuficiente para formar una mayoría sólida sin el aval indispensable y cada vez más improbable de los independentistas catalanes. De los mismos independentistas que se disponen a lanzar un nuevo desafío al Estado y agitar las calles en un intento de forzar la ruptura al margen de la ley. La bienintencionada apuesta de Sánchez por explorar la vía del diálogo ha rebajado la confrontación pública con la Generalitat. Pero, en la práctica, se ha estrellado contra la obstinada huida hacia ninguna parte del secesionismo. En lugar de despreciar su oferta, Quim Torra y los suyos harían bien en valorar que difícilmente encontrarán en la Moncloa a un interlocutor más proclive a mejorar el autogobierno catalán hasta donde permita la legalidad. Carecerá de sentido estirar más la legislatura si los Presupuestos son tumbados por el PDeCAT y ERC, que condicionan su decisivo apoyo a un referéndum de autodeterminación de inviable encaje constitucional. Si se da ese supuesto, el adelanto de las elecciones sería preferible a prolongar la parálisis.