Viabilidad presupuestaria

Cumplimentar las previsiones del Estatut catalán no es inocuo para las demás comunidades, cuyas expectativas se constriñen

El proyecto de Presupuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido aprobar finalmente, aun sin la seguridad plena en su aprobación, entró ayer en el Congreso tres meses más tarde de lo legalmente establecido. Con su iniciativa, el presidente trata de dirigir a la opinión pública el mensaje de que su propósito es mejorar la vida de la gente, para lo que recaba una mayor aportación tributaria a grandes empresas y patrimonios. De manera que quienes se opongan a sus cuentas estarían malogrando una oportunidad para una mayor justicia social y un país más igualitario. La propuesta incrementa el gasto público en un 5,3%, cuando se estima que el crecimiento económico real no llegará ni a la mitad de tal porcentaje. Por eso, la otra mitad de la recaudación prevista provendría de una subida de impuestos no solo a las rentas más altas, sino también sobre el gasóleo –lo que afecta a amplias capas de la población–, y la introducción de tasas respecto a la actividad de las tecnológicas y la compraventa de activos de grandes firmas que es posible que acaben recayendo de forma indirecta en el grueso de la población. A las incógnitas que persisten en cuanto a la viabilidad política del proyecto presupuestario de Sánchez se le suman las dudas sobre el cuadro de gastos e ingresos que presenta. Y ello aun en el más que probable caso de que el Gobierno contemple la eventualidad de volver del objetivo de un 1,3% de déficit al 1,8% pretendido a mitad de ejercicio. Porque si la mitad del aumento de recaudación previsto a cuenta del crecimiento económico está, ya, sujeto a los imponderables del entorno global, conviene no olvidar que en una sociedad y en una economía abierta las modificaciones tributarias vienen siempre cargadas de efectos secundarios. De modo que los 20.000 millones de más recaudación pretendidos pudieran volverse inalcanzables. El compromiso avanzado por Sánchez de responder a la vindicación de los pensionistas y a recortes padecidos por los empleados públicos durante la crisis interpela al conjunto del arco político, como lo hacen las necesidades de la dependencia o de vivienda. Pero no está claro que la fórmula propuesta por el presidente sea la más sensata; también porque se ve afectada por la precariedad parlamentaria en que se mueve el Gobierno.

HIPOTECA CATALANA. Junto a todo ello, parece incongruente que el Gobierno proceda a incrementar el gasto social orillando, al mismo tiempo, la reforma que precisa el sistema de financiación autonómico; cuando son las administraciones territoriales las competentes en la materia. Por eso mismo, es necesario advertir de que el empeño por cumplimentar las previsiones del Estatut catalán en cuanto a inversión –que se ve incrementada en un 65% en el proyecto presupuestario– no es inocuo para las demás comunidades, que ven cómo sus expectativas se constriñen respecto al afán expansivo de los presupuestos de Sánchez. Es evidente que las cuentas para 2019 son el terreno en el que tanto el presidente socialista como la vertiente menos rupturista del independentismo tratan de ganar tiempo, a la espera de que tras el juicio del 1-O se abra un tiempo de relajación propicia para ambas partes. Pero la permanente amenaza de la desconexión definitiva por parte de la Generalitat no puede acabar hipotecando al país en su conjunto, y penalizando financieramente a las demás autonomías. También por eso resulta inadmisible que Puigdemont reclame desde Waterloo una 'mesa de negociación' y una 'comisión supervisora' al margen de la normalidad institucional.

 

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