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El último recurso

El PSOE sabe que la previsión del 155 adquiriría especial fuerza si, tras el 1-O, Puigdemont declarase la independencia

Martes, 19 de septiembre 2017, 00:05

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La disposición del PSOE a contemplar incluso la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en caso de que las instituciones de la Generalitat continúen vulnerando preceptos legales o desatendiendo el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, es en lo fundamental consecuencia de la radicalización sin freno en que se ha situado el independentismo catalán. El secesionismo gobernante ha prescindido del PSC y también de la interlocución que podía ofrecerle el PSOE de Pedro Sánchez. La propuesta de éste a favor de una concepción plurinacional del Estado y de una reforma constitucional federalista no constituye un argumento disuasorio capaz de moderar a quienes gobiernan Cataluña. La razón principal que explica la sintonía mostrada por Sánchez con Rajoy en la defensa de la legalidad y del Estado de Derecho está en la obstinación independentista, que impide a los socialistas ofrecerse en estos momentos como referencia para un mínimo diálogo sobre Cataluña. La opción rupturista ha encadenado decisiones que desbordan los cauces de la Constitución y del Estatut un día tras otro, dejando sin argumentos a aquellos que esperaban una última oportunidad de entendimiento, aunque fuese remota, entre las instituciones centrales del Estado y el poder que maneja el independentismo institucional. Es lógico que los socialistas aboguen por actuar según criterios de proporcionalidad y eficacia, coincidiendo en eso con el Gobierno. Pero saben que nada es menos proporcional que la pasividad de los poderes del Estado cuando se anuncia un referéndum ilegal y una desconexión unilateral por parte de una mayoría política socialmente minoritaria. Del mismo modo que nada es menos eficaz en tal caso que la paciente espera a ver cómo trascurren los acontecimientos. Los socialistas saben, además, que el problema no está únicamente en la jornada de movilización alternativa que Junts pel Sí, la CUP, la ANC y los alcaldes independentistas puedan organizar instalando algunas urnas y simulando otra consulta popular. El desafío va más allá del 1-O y se refiere a las decisiones que pudieran adoptar la mayoría parlamentaria y el Gobierno de Carles Puigdemont a partir de ese momento. Es posible que la aplicación del artículo 155 no sea necesaria, en tanto que la realización de un referéndum ilegal resulta inviable. Pero tal previsión constitucional adquiriría especial fuerza si quienes ostentan las instituciones de la Generalitat optan por declarar la independencia mediante una resolución del Parlamento autonómico.

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