Transparencia, pero no tanto

El presidente Pedro Sanchez en el Falcon 900B. Los viajes del jefe del Ejecutivo en funciones siguen siendo 'secreto de Estado'./EFE
El presidente Pedro Sanchez en el Falcon 900B. Los viajes del jefe del Ejecutivo en funciones siguen siendo 'secreto de Estado'. / EFE

El Estado se ha negado a responder desde 2015 un total de 657 preguntas de ciudadanos alegando en en ocasiones argumentos sorprendentes

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

Se aprobó a bombo y platillo y con el respaldo y aplauso de todas las fuerzas políticas. La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno estaba llamada a convertirse en la bandera de una nueva época, superando los oscuros años de la corrupción. La nueva normativa regeneradora iba a tener una herramienta fundamental: el Portal de Transparencia del Estado. Se trataba de web en la que cualquier ciudadano iba a poder preguntar sobre cualquier cosa a la Administración Central con la promesa de que ésta iba a responder a cualquier tipo de demanda.

Aquel Portal de Transparencia efectivamente comenzó a funcionar a principios de 2015. Pero, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso este periódico, ni ha habido tantas preguntas como se esperaba ni ha habido tanta transparencia como se prometía en un principio. Y es que en estos cuatro años y medio, el portal ha tramitado 15.715 preguntas. O sea, una media de menos de diez demandas de información al día. Y el Estado se ha negado a responder 657 cuestiones, entre ellas muchas de calado.

Obviamente, la Administración central ha rechazado preguntas que bien no eran de su competencia (82 casos) o que reclamaban información de datos personales de ciudadanos (118 demandas). Pero en la mayoría de los casos (457 expedientes) han sido peticiones de información que el Estado ha vetado aplicando las excepciones («límites de acceso») que contempla la propia ley. Son preguntas que han quedado sin respuesta porque los diferentes gobiernos (los de Rajoy y el de Sánchez), en la práctica, las han declarado 'secreto de Estado' por entender que hacer pública esa información atenta contra la seguridad nacional, la defensa, las relaciones internacionales, la seguridad pública, la lucha contra delincuencia, la igualdad de las partes en los procesos judiciales o los intereses económicos y comerciales de particulares o del país, entre otras cuestiones.

La documentación del propio portal revela que la Administración está haciendo una interpretación muy amplia de esos «límites de acceso», hasta el punto de que hay muchos casos y argumentos sorprendentes. Así, RTVE, por ejemplo, se niega a desvelar a los ciudadanos cuánto cuestan algunas de sus series, aunque éstas estén pagadas íntegramente con dinero público, porque «esta información puede perjudicar los intereses comerciales de RTVE, ya que ésta se mueve en el mismo mercado que la televisiones privadas y difundir esta información le generaría una desventaja competitiva».

Algo similar alega Fomento para no dar una solo cifra sobre los pasajeros que hacen uso de las líneas de Alvia. Defiende que quizás en el futuro Renfe tenga competencia y que esa información «podría ser utiliza por competidores o potenciales competidores (…) que tendrían información privilegiada» sobre la compañía.

«Agravios comparativos»

Los ciudadanos también se han quedado sin saber lo que cuestan sus embajadas. ¿El motivo? Exteriores alega que podría enfadar a los países que acogen las legaciones. «Hacer pública esa información con el detalle que se pide podría afectar a nuestras relaciones con terceros países, especialmente si se hace un cotejo por países, creando posibles agravios comparativos, especialmente graves en zonas inestables».

Que el Ministerio del Interior figure entre los departamentos que de forma más recurrente tira del 'secreto de Estado' para blindar informaciones no es llamativo dado la materia de la que se ocupa, pero sí que es sorprendente los razonamientos que usa, por ejemplo, para no informar de cuántos inmigrantes 'sin papeles' ha deportado por vía aérea y a qué países. «Facilitar datos sobre los vuelos de expulsión (…) podría derivar en problemas en la relaciones exteriores de España con los posibles países de destino, lo que afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones», zanja el Gobierno.

Interior tampoco revela el simple número (sin ningún dato más comprometedor) de las intervenciones telefónicas que realiza por orden judicial. Facilitar esta información «supondría un perjuicio en el desarrollo de las investigaciones, al orientar sobre la magnitud de estos procedimientos de investigación, que en todo los casos están declarado secretos».

Catering del procés

El secretismo de Interior llega casi a la obsesión en todo lo relativo al procés independentista catalán. Ni un dato del dinero, por ser una cuestión de 'seguridad nacional' del coste de la operación Copérnico contra el 1-O o del desembolso de dinero de las arcas públicas que supuso celebrar el Consejo de Ministros en diciembre de 2018 en Barcelona.

La reserva de Interior llega al extremo con la pregunta de un ciudadano interesándose sobre el catering que se sirvió a los nueve presos independentistas durante el juicio en el Supremo. El Estado solo se aviene a revelar que hubo un concurso público para escoger la empresa que iba a servir la comida, que se presentaron cinco candidatos y que finalmente se escogió una empresa que dio de comer a los presos por siete euros al día (dos platos calientes, pan, postre, botella de agua y recipientes recicables). Lo que no desvela Instituciones Penitenciarias es el nombre de la empresa que resultó adjudicataria para «no interferir el servicio» de ese catering con campañas «malintencionadas» y, sobre todo, para «evitar posibles boicots o campañas de acoso a la empresa que se presta el servicio».

Menos sorpresivas son las ya conocidas negativas -y numerosas- del Gobierno a informar sobre el coste y los desplazamientos aéreos de Pedro Sánchez. «Los informes sobre movimientos de aeronaves militares son materia clasificada», se lee en una de las múltiples respuestas evasivas.

También es conocida la decisión del Gobierno de declarar 'secreto de Estado' la exhumación de Franco. Esa decisión se ha traducido ya en al menos cinco expedientes en los que la Administración se niega facilitar informes sobre el operativo para no revelar datos de procedimientos judiciales en curso o en los que rechaza facilitar el contenido de sus conversaciones con el Vaticano para «no comprometer» las relaciones con la Santa Sede.

La Casa Real es objetivo prioritario de los curiosos

El funcionamiento, el coste y el personal de la Casa Real es una de las materias que más interés suscita entre la ciudadanía, de acuerdo con los datos del Portal de Transparencia. Y Zarzuela, como el resto de las instituciones, tampoco se libra de recurrir de manera insistente al 'secreto de Estado' para no revelar datos.

Desde que el portal comenzara a funcionar se ha negado a contestar al menos 21 demandas de información. Ni un dato del «gasto anual en seguridad de los Reyes» porque, entiende la Administración, hablar de cifras, aunque sea de manera abstracta, «pudiera afectar a los efectivos de protección». Pero es que tampoco el Gobierno da respuesta a un ciudadano que preguntó lo que «se gasta al año en agua, luz y calefacción en Zarzuela». Materia clasificada, sin más.

El Estado se niega a facilitar igualmente datos sobre el número de personas que trabajan o han trabajado en la Casa Real o su régimen laboral. «La publicación de esa información podría poner en peligro la seguridad del personal y de las instalaciones al servicio de la más alta institución del Estado», arguye la Administración.

Zarzuela sí que se aviene a contestar a un ciudadano que se interesó por el coste de la obra para preparar un despacho al rey Juan Carlos en el Palacio Real. Sin embargo, todo el documento que figura en el portal de transparencia aparece en negro y no es accesible para el público en general. Solo se le entraga a la persona que pidió esa información y cuyo nombre también está censurado.