Torra desoye a la junta electoral y decide mantener el lazo amarillo

El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / Efe

Retirará la simbología soberanista solo si se lo pide el defensor del pueblo catalán, mientras la Junta Electoral le urge a acatar inmediatamente

CRISTIAN REINO

La decisión de colocar un gran lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat en el que se pide la puesta en «libertad de los presos políticos y los exiliados» fue la primera medida que adoptó Quim Torra en cuanto tomó posesión del cargo y ocupó el despacho en la Generalitat, hace poco menos de un año. La voluntad de defender esa decisión hasta el final es la que puede acarrearle la inhabilitación.

El presidente de la Generalitat tenía 24 horas para dar la orden de retirada de toda la simbología soberanista, ya sea lazos amarillos o esteladas, de los edificios del Gobierno catalán, empezando por su sede, el Palau de la Generalitat. Pero Torra volvió a desoír a la Junta Electoral Central y se situó al borde de la desobediencia. Ya existe el antecedente de la alcaldesa de Berga, que fue condenada a seis meses de inhabilitación por negarse a descolgar una bandera independentista de la fachada del consistorio barcelonés. En el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, días atrás, retiró las pancartas y acató la orden.

El jefe del Ejecutivo catalán tomó la decisión en un contexto de fuertes tensiones. Horas antes de que se reuniera la Generalitat, Gabriel Rufián y Joan Tardà (de ERC) presionar al president para que desoyera. Una advertencia que recordó a la que Rufián le lanzó a Puigdemont (155 monedas de plata) para que no convocara elecciones y siguiera adelante con la DUI. Una vez más, nadie en el secesionismo quiere quedar como un blando que se pliega a las órdenes de la junta electoral.

Según informó la consejera de la Presidencia y portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, todos los consejeros del ejecutivo estaban de acuerdo con la decisión de Torra de mantener el desafío y todos los departamentos de al administración catalán mantienen los lazos en sus fachadas. Se especuló con que Torra había dejado en manos de sus consejeros la decisión en relación a sus consejerías, pero el Govern optó por actuar de forma «coordinada» para no dar pábulo a posibles críticas.

El líder nacionalista se la juega, pero la batalla de los lazos aún puede dar unos cuantos giros argumentales. No hay que descartar nada, ni siquiera que el presidente acabe dando la orden de descolgar la simbología soberanista. Así, el dirigente nacionalista ha encargado un informe al Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) en el que le pide que determine si la Generalitat tiene que retirar lazos y esteladas y en caso afirmativo que evalúe cuáles de ellos tienen que ser descolgados, cómo y cuándo. Artadi dejó muy claro que diga lo que diga el Síndic, Torra acatará lo que determine su informe, esté o no de acuerdo con él. Deja por tanto en sus manos la decisión y le pasa la patata caliente.

A la espera

En paralelo, el president envió un nuevo escrito a la junta electoral para tratar de ganar tiempo. Solicitó la «suspensión del plazo» que expiraba ayer a las 18 horas ante la «imposibilidad» de ejecutar una orden de estas características, debido al gran número de edificios públicos que gestiona la administración catalana. También comunicó al órgano de arbitraje de los procesos electorales que está a la espera del Síndic de Greuges. La respuesta de la junta electoral fue taxativa. Se negó a ampliar el plazo y dejó claro que no va esperar al dictamen del Síndic. Este martes la Delegación de Gobierno ya le remitió una lista con los edificios públicos que lucen simbología independentista.

A partir de ahí, todos los actores están a la espera. Fuentes del Ejecutivo central señalaron que es «exclusivamente» la Junta el órgano competente para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase a los Mossos el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos. Fuentes del Gobierno catalán no descartan que acabe ocurriendo esto último. Y esta mismas fuentes no dudan que la Policía catalana cumplirá la orden. La decisión de instar a los Mossos, abrirle expediente administrativo o acudir a la Fiscalía, lo que abriría una causa penal por desobediencia, podría adoptarse en las próximas reuniones de la junta electoral, entre el miércoles y jueves.

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