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Domingo, 28 de febrero 2021, 00:28
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Don Juan Carlos se hospeda en el hotel The Surrey de Nueva York. De incógnito. Fue el titular que una revista de papel couché lanzó en septiembre de 2018. Viaja solo, con un escolta. El rey emérito seguía manteniendo entonces su agenda como miembro activo de la Familia Real, que abandonó por decisión propia en junio del año siguiente. Perfil bajo. Desde su abdicación, en realidad, siempre estuvo de salida, nunca se le encontró un encaje. El padre del Rey, no obstante, ya estaba señalado por la justicia. Solo un par de meses antes de su viaje de placer a Manhattan habían salido a la luz las grabaciones en las que Corinna Larsen contó al comisario Villarejo, y al mundo, las andanzas de don Juan Carlos. Desveló la empresaria alemana que el emérito había recibido una cuantiosa comisión del AVE a La Meca, 65 millones de euros que acabaron en su cuenta bancaria tras pasar por la fundación panameña Lucum. Aquellas palabras no se las llevó el viento. Fueron el origen de todo. El fiscal suizo Yves Bertossa las escuchó y tiró del hilo. En septiembre de 2018, 'Juanito' –así firmó aquella misiva– escribió a su primo lejano Álvaro de Orleans-Borbón para agradecerle que le sufragada, de nuevo, otro vuelo. El enésimo. El primero, en 2007. Incalculables los favores que el acaudalado noble con residencia en Mónaco –aunque llegó a decirse que sus cuentas están a cero– le hizo a don Juan Carlos. Tangible el montante de los vuelos que costeó entre 2007 y el de septiembre de 2018 a Nueva York: ocho millones de euros.
Por estos pagos en especie, don Juan Carlos acaba de abonar a la Agencia Tributaria 4.395.901,96 euros. «Sin requerimiento previo», se ha encargado de recalcar su abogado, Javier Sánchez-Junco. Y sin, al menos que se sepa, investigación abierta al respecto. Las tres que están en curso en la Fiscalía del Tribunal Supremo –el emérito está aforado desde junio de 2014, cuando dejó de ser inviolable– nada tienen que ver con este asunto. O sí, porque en la comisión rogatoria que Suiza envió a España a cuenta de la primera causa abierta al rey emérito por la presunta comisión recibida por el AVE a La Meca, se deslizan, sin venir a cuento, dos ingresos sospechosos de la Fundación Zagatka, cuando la que se investiga es la Fundación Lucum. Fuentes judiciales avanzan que esta segunda regulación fiscal de don Juan Carlos tiene como finalidad que el asunto se quede ahí, que no haya cabos sueltos y, por tanto, la Fiscalía, como se filtró en septiembre pasado, se incline por cerrar la causa. Un quebradero de cabeza menos que restar al de las tarjetas opacas y el de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey. Aunque, eso sí, la Fiscalía del Supremo investigará ahora el origen del dinero abonado y si se ha realizado una correcta declaración de las cuotas impagadas por el IRPF por la percepción durante años de esas rentas en especies –en vuelos–.
El dinero, según ha trascendido, ha salido de préstamos –no donaciones– de una decena de amigos, «los que tan mal le están asesorando», dicen fuentes cercanas a Zarzuela, que no llegan a entender del todo esta operación. «Unos amigos ponen dinero para aclarar los regalos de otro». Este otro es Álvaro de Orleans-Borbón, que a través de su bufete de abogados se desvincula del movimiento de don Juan Carlos y dice que «es una decisión ajena a mí, una iniciativa de una tercera persona, un contribuyente español, que tributa por las rentas de que ha dispuesto. No me afecta en ningún caso».
La Fundación Zagatka se constituyó en 2003 con el objetivo de gestionar a nivel administrativo y financiero una parte del patrimonio de este primo lejano de don Juan Carlos y al mismo tiempo «materializar su ayuda a la Casa Real española, como parte del legado transmitido» por su padre, Álvaro de Orleans-Borbón y Sajonia-Coburgo-Gotha, y su abuelo, el infante Alfonso de Orleans y Borbón –padrino de boda de Sofía de Grecia–, «específicamente a don Juan Carlos, rey en el momento de la creación de la misma».
«Como es sabido, como parte del objetivo de la Fundación y fruto del compromiso heredado de su padre y de su abuelo, don Álvaro puso voluntariamente a disposición del rey Juan Carlos ayuda financiera a través de la Fundación Zagatka para la atención de gastos de viaje», dicen sus abogados a este periódico, al tiempo que insisten en que «la Fundación Zagatka pertenece única y exclusivamente a don Álvaro de Orleans-Borbón, fundador y único propietario de la misma», que eliminó a don Juan Carlos y a sus hijos como beneficiarios tras el golpe en la mesa que propinó Felipe VI en marzo del año pasado al conocer que su nombre figuraba ahí.
Por tanto, «es falso que la Fundación Zagatka sea una sociedad pantalla o instrumental o esté acusada de serlo». «No soy el testaferro o fiduciario de don Juan Carlos», sostiene don Álvaro de Orleans-Borbón, para quien el origen de «todos estos males» es Corinna Larsen:«Su relación ha sido inoportuna para la institución de la Corona». Tal es su enemistad que el primo lejano del rey emérito hizo que la empresaria alemana le abonara tres millones de euros por su parte de disfrutar de los vuelos que había costeado a don Juan Carlos durante once años.
M. E. A.
Fue en marzo de 2020 cuando Felipe VI se enteró que era uno de los beneficiarios de la Fundación Zagatka, aún hoy activa. Aquello fue el detonante del inédito comunicado que emitió el Palacio de la Zarzuela, en el que el Rey se desvinculó públicamente de cualquier actividad de su padre, renunciando a la herencia que podría corresponderle y retirándole la asignación anual de casi 200.000 euros. Dos medidas extremas con las que el monarca intentaba poner un cortafuegos para proteger la institución que comanda.
Hacía ya tiempo que había marcado distancias con su padre, e incluso, lo había alejado de la actividad institucional. En realidad, empezó a hacerlo desde el mismo momento que le cedió el testigo para tratar de achicar la larga sombra de sus conductas. Desde la caída en Botsuana nada es como era pero ahora, además, sobre don Juan Carlos pende la amenaza de verse salpicado por un procedimiento judicial.
Con la Fiscalía investigando su negocios opacos y las presuntas irregularidades financieras que podría haber cometido, el rey emérito trata de redimir sus pecados poniendo en orden sus cosas con Hacienda. Dos regularizaciones fiscales en apenas tres meses con las que Juan Carlos I quiere evitar a toda costa que el Ministerio Público inicie acciones penales contra él. El peor escenario, sin duda, para la Corona, y también para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Felipe VI resiste los embates mientras guarda silencio sobre los últimos movimientos de su progenitor. Desvincularse y diferenciarse de algunos comportamientos del pasado de su padre es uno de los empeños principales del monarca, que ha fijado la ejemplaridad y la transparencia como dos pilares fundamentales de su reinado. En su discurso de Navidad volvió a condenar la conducta del emérito al asegurar que los principios morales y éticos «nos obligan a todos sin excepciones» y que están por encima «de los lazos familiares». Las regularizaciones fiscales no han cambiado nada.
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