La solución a la canadiense del problema catalán

El Tribunal Supremo canadiense ya especificó que la decisión de la división del país exige un consenso muy serio y no una mayoría ocasional que puede cambiar según sople el viento de la política o de la economía

LUCIANO PEREZ DE ACEVEDO Y AMOAbogado

Un fenómeno importante fue la aparición durante el siglo XIX del movimiento romántico que, en su versión política, el nacionalismo excluyente, asociado a cualquier tipo de fundamentalismo, ha sido el catalizador de la destrucción en el siglo XX de pueblos enteros y el exterminio de millones de seres humanos, por razones de origen, raza, religión, lengua o cualquier otra circunstancia identitaria, y que ahí sigue al acecho de las sociedades en libertad que pretenden destruir en beneficio exclusivo de una clase dirigente o sumos sacerdotes y sus acólitos.

Nacido durante el ochocientos de un devastador ataque prerromántico al fortín del racionalismo kantiano de la Ilustración fundamentado en las doctrinas del J.J. Rousseau, el romanticismo, que preconizaba la primacía de los sentimientos, de la pasión, sobre la razón o imperativo categórico de I. Kant, se convirtió en la enfermedad más terrible que contrajo Europa en el siglo XIX, más cruenta aún que la llamada 'enfermedad del siglo', la tuberculosis, con la que acabó el descubrimiento de Alexander Fleming, sin que la ciencia política haya sido capaz todavía de encontrar la vacuna o antídoto que neutralice esta verdadera plaga nacionalista.

El movimiento romántico, de una expresión meramente literaria pronto pasó al campo de las ideas políticas en Alemania, personificada en el 'Volgeist' o 'espíritu del pueblo', auténtico germen del nacionalsocialismo hitleriano y por extensión del fascismo italiano y mundial, llegando también, cómo no, a Cataluña cuya 'Renaixença' literaria fue transformándose en el catalanismo político que, tras las aspiraciones de Prat de la Riba y Cambó de gobernar España («Una Cataluña libre dentro de una España grande»), pasó decididamente en la década de los años 30 al nacionalismo separatista de Macía, Companys y, más tarde, en los tiempos actuales, del inefable Jordi Pujol y la cuadrilla de payasos que ha ido dejando tales como Puigdemont y compañía.

En las provincias vascongadas el movimiento nacionalista, tras la frustración de las Guerras Carlistas, nació con la divisa racista, antiliberal, integrista y anti-industrialista, más tarde con una cruel deriva terrorista. Existe una continuidad geográfica entre el independentismo catalán y el carlismo. Ambos se circunscriben a zonas con gran miedo al cambio, a la globalización, a salir de su enseña propia (Jordi Canal).

El separatismo catalán a lo largo de la historia ha provocado múltiples derramamientos de sangre: corrió la sangre cuando a partir de 1640, en tiempos de Felipe IV, se separó Cataluña de España; volvió a correr la sangre en 1714 contra el Borbón Felipe V; nuevamente en 1842 cuando Espartero tuvo que bombardear Barcelona y en 1934 cuando los cañones del General Batet abrieron fuego contra el Palacio de la Generalidad. Entre 1936 y 1939, la Guerra Civil por un lado, y la guerra interna entre comunistas del POUM y estalinistas por otro, ensangrentaron las calles de Barcelona y el suelo de Cataluña. Si en la presente ocasión no corre la sangre, mucho habremos ganado.

Se están cargando las culpas de este problema sobre los gobiernos de Madrid que durante estos 30 últimos años han dado alas al nacionalismo con sus cesiones y permisibilidad en flagrantes casos de incumplimiento de la Constitución y sentencias de los tribunales. Los que así piensan tienen razón, pero no toda la razón. Ha existido, y esto es lo fundamental, un grave problema de deslealtad de los políticos nacionalistas catalanes con el gobierno central, con España. Cuando llegó la Transición existía un pleito histórico sin resolver –lo hemos visto más atrás– y se obró, quizá no con excesiva prudencia, con la mira puesta en resolver este contencioso definitivamente, con una solución que aceptaba y agradecía Cataluña. Pero posteriormente desde Cataluña se ha venido actuando de mala fe, con deslealtad y de forma traicionera, educando ya a dos generaciones en el odio a lo español («de Castilla ni el viento», decía Valentí Admirall).

Propone ahora Ezquerra Republicana de Cataluña al presidente del Gobierno que se tome ejemplo de los plebiscitos organizados en Quebec para solucionar el problema catalán. Una pura falacia pues en Canadá la llamada 'política de la claridad' de Stephan Dion partió de la base de una sentencia del Tribunal Supremo de Canadá que sentó el principio de que, de acuerdo con el Derecho Internacional y canadiense, no existe un derecho a la independencia de países o territorios que no han sido colonias; dijo también el T.S. que, ello no obstante, si se entraba en una negociación, todos los integrantes de la Federación Canadiense tendrían que participar en ella para determinar la forma más justa para todos de llevar a cabo la separación. También quedaba claro el rechazo a la fórmula del 'soberanismo asociado', es decir, separarnos para luego unirnos, ya que no se puede estar a medias dentro de un país, o se está dentro o se está fuera; que lo que estaba en juego era el derecho de los quebequeses y de sus descendientes a ser canadienses, y que una decisión tan transcendental exige un consenso muy serio y no una mayoría ocasional que puede cambiar según sople el viento de la política o de la economía; que declarar la divisibilidad de Canadá al propio tiempo que la indivisibilidad del nuevo Estado es una contradicción y que tendrán los separatistas que contar con la posibilidad de que una parte de su territorio optase por quedarse en Canadá o independizarse del nuevo Estado en el futuro.