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Una respuesta al caso Khashoggi

Su asesinato exige una firme reacción de la comunidad internacional y pone en aprietos al Gobierno español

Jueves, 1 de enero 1970

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El anuncio de Alemania de que suspende la venta de armas a Arabia Saudí mientras no se esclarezca el ya confirmado asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de ese país en Estambul encabeza la tardía y por ahora tibia reacción de la comunidad internacional ante unos hechos espeluznantes que no pueden quedar sin respuesta. El llamamiento del Gobierno de Angela Merkel a que su paso sea secundado por el conjunto de la UE para presionar al régimen despótico de Riad plantea una vez más el clásico dilema que enfrenta la ética y los intereses económicos. El poderío del mayor productor mundial de petróleo, con capacidad para desestabilizar el mercado global, ha empujado tradicionalmente a Occidente a mirar hacia otro lado, como si ignorara la sistemática violación de los derechos humanos más básicos por parte de su privilegiado socio comercial. El crimen propio de una película de gángsteres del que ha sido víctima el disidente Khashoggi –ejecutado presuntamente por matones fieles al príncipe heredero Mohamed bin Salman, pretendido modernizador del reino– muestra la brutalidad de la que es capaz la tiranía medieval saudí y la impunidad con la que está acostumbrada a moverse. La defensa de los valores democráticos exige una actuación internacional coordinada que, con las cautelas que sean necesarias, haga entender de forma inequívoca a Riad que su actuación resulta de todo punto inadmisible en un mundo civilizado. Arabia Saudí se ha enredado en explicaciones inverosímiles que rozan el ridículo en un inútil intento por encubrir el premeditado asesinato de Khashoggi en una legación diplomática y sigue sin aclarar dónde se halla su cadáver. La comunidad internacional está obligada a exigir una investigación independiente, que concluya con la identificación de los autores materiales y de los instigadores del crimen, así como con la depuración de las responsabilidades penales que correspondan. Lleguen hasta donde lleguen, incluidos el príncipe heredero y su entorno más cercano. El escándalo supone una incomodidad manifiesta para el Gobierno español, que por ahora ha eludido suspender la venta de armas a Riad a la espera de que se resuelva el caso. Lo ha hecho con el apoyo del PP y Ciudadanos, los dos principales partidos de la oposición, pero no de su aliado Podemos, que le emplaza a seguir la senda de Alemania. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta a las contradicciones entre su ideario pacifista y los millonarios contratos militares en juego con Arabia Saudí, que garantizan miles de empleos, sobre todo en una Andalucía en pleno clima preelectoral.

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