Más respeto al Tribunal Constitucional

Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad son ejemplares. Si ejercen violencia es en casos muy justificados, como en defensa propia y en otros en los que deben defenderse de agresiones

MANUEL MÁRQUEZ MARTÍN

HACE unos días apareció en los medios de comunicación social una información que no puede pasarnos desapercibida por cuanto produce consternación y gran malestar entre quienes nos sentimos orgullosos de ser españoles.

En la noticia, el lendakari del País Vasco, Íñigo Urkullu, se mostraba muy satisfecho porque consiguió en la reunión con el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la retirada del recurso de inconstitucionalidad que Mariano Rajoy, el anterior jefe del Ejecutivo cesado por la moción de censura, presentó contra la Ley vasca de Víctimas de abusos policiales, aprobada en 2016 por el PNV y el PSE.

Dicha norma pretendía reconocer indemnización a quienes entre 1978 y 1999 sufrieron «violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o sus familiares».

El Tribunal Constitucional mantiene, como no pude ser de otra manera, suspendidos los preceptos que atribuían a una comisión extrajudicial la potestad de valorar quiénes adquieren la condición de víctimas, y los correspondientes artículos que sostenían el derecho a tales ayudas económicas.

No hace falta ser ningún experto en Derecho para entender que la pretensión del PNV y del PSE, convertida en una norma nada más y nada menos que en rango de Ley, era absolutamente inconstitucional, aberrante, descabellada en un Estado de Derecho.

Nadie en su sano juicio puede entender que se apruebe una norma semejante en un parlamento autonómico español. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad son ejemplares. Si ejercen violencia es en casos muy justificados como en defensa propia y otros en los que deben defenderse de agresiones.

Mariano Rajoy no pudo hacer otra cosa que someter al alto tribunal la norma disparatada, propia de un país como Venezuela. Tenía la obligación ineludible. De lo contrario hubiese incurrido él mismo en abandono de sus obligaciones más elementales: cumplir la Constitución y hacerla cumplir.

Pero, he ahí, que quien detenta en la actualidad el cargo de presidente del Gobierno, en aras de propiciar un pretendido diálogo que, de antemano está condenado al fracaso, o por devolver favores tal vez por el principio sinalagmático «do ut des», comete la imprudencia de prometer algo que ataca frontalmente todas las normas del buen gobierno.

Por el momento el preámbulo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979, modificada por la Ley 6/2007, de 24 de mayo (BOE de 25 de mayo), en su párrafo 3º, señala: «Las funciones atribuidas al Tribunal Constitucional por la Constitución se desarrollan en la ley orgánica reguladora de la institución de acuerdo con el mandato de su artículo 165: la protección de la supremacía constitucional, y la consiguiente depuración del ordenamiento de las normas contrarias a los mandatos constitucionales, se complementan con la protección de derechos fundamentales, así como la resolución de conflictos territoriales».

El lendakari, aprovechando la oportunidad, se atrevió a pedir algunas transferencias que, según él, hay pendientes. Todos sabemos que el grado de autonomía con que cuenta el País Vasco. Ni soñando podían haberlo alcanzado en ningún país desarrollado. Son insaciables. Cuentan con algo que debería ser más que suficiente, que es el cupo vasco, como consecuencia del trasnochado reconocimiento de las haciendas forales que, alguna vez, habrá que revisar.

También se habló del acercamiento de presos de ETA. Algunos medios dieron por hecho que el Gobierno y el PNV habían pactado el traslado de presos de la banda ETA con condiciones. También han adelantado los medios alguna excarcelación, como puede ser a favor de Santi Potros, autor de atentados tan sanguinarios como el cometido contra Hipercor.

Quedan en las cárceles 224 asesinos etarras cumpliendo condena que, poco a poco, les aplicarán beneficios de una manera o de otra, y 350 casos de delitos sin resolver.

La presidenta de Asociación de Víctimas del Terrorismo ya ha expresado con toda crudeza su legítima protesta. No parece que haya voluntad de oír este tipo de reclamaciones.

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