Reforma sin futuro

El Consejo de Ministros aprobó ayer una propuesta para reformar los artículos 73 y 102 de la Constitución a fin de limitar los aforamientos de los miembros del Gobierno, diputados y senadores. La grandilocuencia con la que la vicepresidenta Carmen Calvo presentó la medida choca con su reducido alcance y con sus escasas posibilidades de éxito. España es una singular excepción entre los países de su entorno al amparar bajo una figura excepcional a más de 250.000 cargos públicos y funcionarios del Estado –incluida la Policía– a los que no puede exigir cuentas la Justicia ordinaria, sino solo el Supremo o los tribunales superiores –según el caso– y, en algunos supuestos, previa autorización del Parlamento. La iniciativa es un simple sucedáneo de la profunda regeneración democrática que necesita el país. Apenas afectaría a 600 personas y solo para cuestiones ajenas al ejercicio de su cargo, de forma que conservarían el privilegio que representa el fuero, por ejemplo, en los asuntos vinculados con la corrupción. El proyecto tiene su origen en una improvisada reforma exprés de la Carta Magna planteada hace dos meses por Pedro Sánchez. El PSOE, con 84 diputados de 350, carece de apoyos para una modificación constitucional que requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado, y que solo podrá salir adelante con el aval del PP. La contundencia con la que las principales fuerzas políticas se han pronunciado contra la reforma, con argumentos que oscilan entre su falta de ambición y su inoportunidad, y la soledad con la que la afronta el Gobierno parecen condenarla de antemano al fracaso. Un destino que nada puede extrañar a Sánchez cuando ha actuado unilateralmente en una materia que obliga a un amplio consenso y cuando el calendario electoral que se avecina, incluido un eventual adelanto de las generales, no genera el clima más adecuado para operaciones de este tipo. Cabe sospechar que el pretendido golpe de efecto del Ejecutivo al anunciar esta medida no es ajeno a la permanente campaña en la que parece instalado para compensar la precariedad parlamentaria que le ata de pies y manos. La eliminación total de los aforamientos –el objetivo inicial del presidente, luego rectificado– no solo implica una reforma de la Constitución, sino de las leyes que regulan la extensión de esa figura a los jueces, fiscales o policías, y también de los estatutos de autonomía que la recogen en su ámbito. Una tarea inasumible para un Gobierno incapaz incluso de aprobar unos Presupuestos del Estado propios.