El Gobierno aprieta al PP con limitar las atribuciones del CGPJ en funciones

Los grupos parlamentarios de ambas fuerzas políticas registraron este miércoles una nueva proposición de ley que, de salir adelante, impedirá que el órgano de gobierno de los jueces designe a los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional o a los presidentes de sala y los magistrados del Supremo o del Tribunal Constitucional. Una solución de compromiso con la que liman las últimas asperezas generadas en el Ejecutivo, al tiempo que responden al portazo de los populares, que ya el lunes negaron la proximidad del acuerdo anunciado por Campo.

La limitación de funciones era una de las dos patas de la iniciativa registrada el pasado octubre en la que también se proponía que los vocales jueces del CGPJ pudieran ser elegidos por mayoría absoluta en caso de que, en una primera votación tanto en el Congreso como en el Senado, no se alcanzaran los tres quintos. Pedro Sánchez decidió paralizar ese texto, según aseguró durante la moción de censura que le presentó Vox, como gesto para facilitar un acuerdo de renovación con el PP, pero solo después de recibir sendas llamadas de atención de la Comisión Europea y el Consejo de Europa y siempre dejando claro que no renunciaba a ella.

En las últimas semanas, el Ejecutivo había amenazado en no pocas ocasiones al partido de Pablo Casado con sacar de la nevera la norma, molesto por los escasos avances en la negociación para renovar a los vocales que acabaron su mandato hace dos años. Pero, frente a las presiones de Podemos, la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, abogó el martes por tomarse un «tiempo prudencial» antes de dar un paso al que también han puesto pegas las principales asociaciones de jueces, salvo la progresista Juezas y Jueces por la Democracia.

Finalmente, la polémica modificación seguirá en el cajón, aunque no ha sido retirada. En cambio, el PSOE está decidido a aprobar la limitación del Poder Judicial en funciones sin más demora y al margen de que el PP dé o no su brazo a torcer. «Vamos para adelante», aseguran fuentes de la dirección socialista. El acuerdo con Podemos es llevar la nueva iniciativa al pleno del próximo 15 de diciembre para su toma en consideración. El hecho de que se trate de una propuesta de los grupos parlamentarios y no del Gobierno agiliza la tramitación, que, al ahorrarse los preceptivos informes del Consejo de Estado o del propio CGPJ, puede llevar en torno a tres meses.

En el tiempo que lleva en funciones, el actual Consejo, presidido por Carlos Lesmes con mayoría conservadora (once a nueve), no ha dejado de hacer nombramientos importantes. El Ejecutivo ha expresado en varias ocasiones su malestar al respecto, pero lo cierto es que todas las designaciones contaron con un amplio consenso y fueron defendidas también por vocales progresistas. El propio ministro Campo ha admitido que tampoco el Consejo del que él formó se inhibió el tiempo que mantuvo prorrogado su mandato por la falta de entendimiento entre los dos partidos mayoritarios, de 2007 a 2008.

El presidente del PP, Pablo Casado, acogió este miércoles el órdago del Gobierno con escepticismo y lo calificó de «globo sonda» para tapar la cifra del paro. Pero también acusó a Pedro Sánchez de pretender acabar con la «independencia» del Poder Judical. Los populares insisten en que solo llegarán a un acuerdo si se deja fuera del proceso a Unidas Podemos, aunque el ministro Campo aseguró el lunes que las conversaciones son fluidas y que lo único que queda para cerrar un pacto es anunciarlo.

Ciudadanos también criticó el paso de la coalición gubernamental y la vinculó con las investigaciones judiciales que afectan a Pablo Iglesias y su partido.