El populismo y la ley

La independencia de la Justicia no consiste en plegarse al sentir de la calle, sino en una recta interpretación del Derecho aunque sea impopular

El deplorable espectáculo ofrecido por el Tribunal Supremo al rectificar dos veces en 18 días su propia jurisprudencia sobre el impuesto de las hipotecas y sembrar así un mayúsculo caos es indigno de la más alta instancia judicial en España. Un despropósito de tal calibre daña el prestigio de la Justicia y alienta inconvenientes especulaciones sobre su supuesta falta de independencia. Una sospecha que, por sí misma, al margen de que tenga o no alguna fundamentación, afecta a la fibra sensible del sistema democrático. El Poder Judicial está sujeto a la crítica, que no solo es exigible, sino inevitable cuando su proceder resulta tan errático, incomprensible y contrario a la seguridad jurídica como el que ha mostrado en este caso. Sin embargo, la legítima disconformidad con sus resoluciones –sujetas a múltiples vías de recurso– no ha de confundirse con una irresponsable caída por la pendiente del populismo más ramplón cuando estas no coinciden con el veredicto dictado de antemano por lo políticamente correcto, intereses partidistas o grupos de presión. La Justicia se administra en nombre del pueblo. Pero sus decisiones no son necesariamente injustas porque difieran del sentir mayoritario de los ciudadanos. Ni pueden ser adoptadas sustituyendo la adecuada valoración de los elementos de prueba y las deliberaciones de los tribunales por votaciones a mano alzada en la plaza pública. La independencia de los tribunales no solo consiste en una recta interpretación de la ley. También en abstraerse del ruido ambiental, incluidas manifestaciones como la convocada para hoy por Podemos ante la sede del Supremo, y actuar conforme al Derecho aunque resulte impopular. El patético comportamiento del Alto Tribunal en modo alguno justifica la burda demagogia utilizada por políticos de todo signo a costa del impuesto de las hipotecas y su maniqueo reduccionismo: «O se está con la banca o con los ciudadanos». Quienes pretenden suscitar una especie de plebiscito popular al respecto aprobaron hace 25 años una norma por la que pagaban los clientes, que nadie ha cuestionado en todo ese tiempo, y han castigado a quienes ahora dicen defender con una subida del tributo de hasta un 50% en plena crisis. Es preocupante el descrédito sufrido por el Supremo cuando está a punto de abrir el juicio más decisivo de la historia reciente: la causa por graves delitos contra los líderes catalanes del 'procés'. La Justicia necesita fortalecer su credibilidad y su imagen de independencia. A ello contribuiría una despolitización en la elección del Consejo General del Poder Judicial.

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