Una política para el diálogo y el consenso

Acepto, sin más, la cifra de 200.000 manifestantes que decían los organizadores, que representan menos del 0,5 % de la población española, pero según los oradores «era un clamor popular de todos los españoles a los que había que hacerles caso». En Cataluña se han manifestado en algunas ocasiones más de 500.000 personas (6,5 % de los catalanes), según indicaba la Delegación del Gobierno de Cataluña, gobernada en esos momentos por el Partido Popular. Os dejo una simple regla de tres: si al 0,5 % le corresponde un clamor popular y hay que hacerles caso, ¿qué le correspondería al 6,5 %?

Resulta significativo que los organizadores de las manifestaciones coincidan en el fondo y en la forma en sus discursos. Se atribuyen ser los representantes y portavoces de todos los españoles o de todos los catalanes; los insultos y descalificaciones son el argumentario habitual; desconsideran las ideas ajenas y, por supuesto, todas las posibles alternativas, a los problemas de España, diferentes a las suyas están equivocadas o forman parte de una traición a la patria.

Las declaraciones públicas e intervenciones parlamentarias sobre las directrices que «deben marcarse» a los jueces o las actuaciones que estamos conociendo sobre el intento de control de las fuerzas de seguridad, constituyen otro ámbito de coincidencia en ambos grupos. Los recortes sobre educación y sanidad fueron usuales tanto en los gobiernos del PP como en los de Artur Más y no se han corregido por el actual gobierno independentista, liderado por un partido de derecha. El rechazo a los inmigrantes es otro planteamiento común a ambos grupos, y selectivos sobre las personas que pudieran admitirse.

Parecen asumir que el poder les corresponde por derecho, en su ámbito territorial, y no tienen escrúpulos en llamar ocupas o usurpadores a quienes han llegado legítimamente a gobernar. Quiero recordar que Pedro Sánchez fue elegido por mayor número diputados que Rajoy (180 frente a 170), que representan a más ciudadanos españoles que los que representan los que votaron al anterior Presidente de Gobierno. Los dos igualmente legítimos.

Los líderes del independentismo radical y los promotores de la concentración en la Plaza de Colón recurren a un ideario que se hunde en un nacionalismo que parece emerger en estos tiempos, y que creíamos superado. Cuando parecía que el apoyo al independentismo catalán estaba bajando y mejorando los niveles de convivencia, se recupera un nacionalismo que parecía olvidado, para dar nuevas alas a los que parece quieren destruir la nación. Quiero pensar que la falta de apoyo a estas ideas sea la causa de la poca asistencia a la manifestación del domingo.

El debate de los presupuestos señala dónde está el interés de las políticas de estos grupos. Así, se olvidan de las propuestas para mejorar las políticas sociales, la educación, la sanidad, las pensiones, el empleo, y todo aquello que puede ayudar al bienestar de los españoles. Una coincidencia más.

No comparto plenamente el camino del actual Gobierno en relación al problema catalán, y no entiendo la política del PSC, pero creo que la única manera de recuperar las relaciones personales y familiares, la convivencia pacífica o la confianza en las instituciones en Cataluña es el diálogo, unido a la aplicación de la ley. Y en esto sería esencial que el bloque constitucionalista hubiera actuado unido y presentado una propuesta sólida y ampliamente apoyada por la mayoría de los españoles, entre los que incluyo a los catalanes. A este respecto, el PSOE siempre apoyó, desde la oposición, al Gobierno del PP en sus conversaciones/actuaciones contra ETA y con los independentistas y en la aplicación reciente del artículo 155. En contraposición, el Partido Popular siempre actuó contra los Gobiernos del PSOE, huyendo de la formación de un bloque constitucionalista que solo reclama cuando está en el gobierno.

Finalmente, quiero indicar dos situaciones que ayudarían a superar la división al 50 % de la Cataluña actual: un acuerdo que pueda ser considerado por amplia mayoría de catalanes y un Gobierno de la Generalitat con una mayoría de no independentistas tras un triunfo en las urnas. Pero entiendo que esto exigiría generosidad, dejar al margen la agresividad en la oratoria y actitudes e intentar buscar los puntos de encuentro entre todos aquellos que queremos construir un país en el que todos «los españoles sean iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», como señala el artículo 14 de la Constitución Española

Y esto, a corto plazo, no lo veo fácil.