Nuevos ajustes en las pensiones

Resulta incomprensible que dos de las grandes retos que debe afrontar España en los próximos años estén desaparecidos del debate político: la aguda crisis de la natalidad y la viabilidad futura del sistema de protección social. Aunque los efectos combinados de ambos problemas tienen un calado mucho más profundo y grave, ya se empiezan a manifestar en un área tan sensible como las pensiones. Cuando aún está por venir lo peor de la ‘bomba’ demográfica que acecha al país, el irreversible envejecimiento de la población ha causado efectos devastadores en las cuentas de la Seguridad Social pese al paulatino endurecimiento de las condiciones para acceder a una prestación y las medidas que limitan la cuantía de las nuevas. El organismo cerrará este año con un déficit superior a los 18.000 millones y con la ‘hucha’ para atender situaciones críticas casi vacía. Sentar las bases para garantizar unas pensiones públicas que aseguren unas dignas condiciones de vida debe ser una prioridad inexcusable de las instituciones. Los ajustes en marcha, y los que se avecinan, son sacrificios probablemente inevitables. Pero también de todo punto insuficientes si no se crean las condiciones adecuadas para mantener un alto nivel de empleo –superior al actual– y unos salarios revalorizados –de su cuantía dependen las cotizaciones que financian el sistema– tras su pérdida de poder adquisitivo con la crisis. El reto al que se enfrenta el sistema es de colosales dimensiones. El gasto mensual en pensiones se ha disparado un 56% desde finales de 2007, mientras los ingresos por cuotas sociales apenas han crecido. El modelo actual no da más de sí. El 1 de enero volverá a retrasarse la edad legal de jubilación –se fijará en 65 años y seis meses, y ascenderá hasta llegar a los los 67 en 2027–, entre otras medidas de ahorro. Además, los nuevos pensionistas desde 2019 cobrarán unas prestaciones más bajas al incluirse en su cálculo la esperanza de vida. Pese a ello, es ineludible buscar nuevas vías de financiación que aseguren unas prestaciones suficientes sin castigar la creación de empleo (como haría una brusca subida de las cuotas sociales), lastrar la recuperación económica (el peligro de elevar los impuestos) ni cargar sobre los Presupuestos del Estado un peso insoportable. Un desafío digno de estadistas responsables y de primera fila.