Másteres sin fondo

La revelación de las facilidades que obtuvo la hoy ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, para cursar el máster en estudios interdisciplinares de género en la Universidad Rey Juan Carlos I, cuando era diputada y portavoz de Igualdad del PSOE, ha vuelto a situar la causa del problema en el trato de favor dispensado por algunos centros universitarios a determinadas personas con proyección. Lo que no exime de responsabilidad a sus beneficiarios, perfectamente informados y plenamente conscientes de la diferencia que existe entre la obtención de un título, sin más, y el acceso a una formación avanzada, especializada o multidisciplinar. Pero por censurable que sea la disposición de los matriculados, y por inadmisible que resulte su 'argumentario', derivando todas las culpas hacia la universidad de que se trate, es evidente que a éstas últimas corresponde reconocer malas prácticas donde las haya habido y adoptar medidas para impedir que se devalúe su propia oferta de educación superior y la credibilidad de sus titulaciones. En virtud de la Declaración de Bolonia, no cabe ofrecer títulos de máster si no es para certificar la adquisición de conocimientos que se sitúen por encima de los correspondientes a un grado o a una licenciatura. Tampoco parece lógico que estudios con un alcance y unos requisitos muy distintos reciban indistintamente el título de máster, como un equívoco que perjudica a toda la enseñanza superior. Por otra parte, la convalidación de asignaturas por haber cursado uno u otro grado o licenciatura deja en entredicho la relevancia académica de un máster. La oferta digital no debería reducir el rigor y las exigencias de un curso presencial. La igualdad de oportunidades ha de prevalecer desde los trámites de matrícula hasta el empeño requerido a todos los matriculados. La identidad del profesorado responsable de cada máster ha de ser conocida, y atender efectivamente a la realidad docente. Cada universidad debería contar con una unidad central que vele sobre la calidad académica y la exigencia de todos sus másteres, propios o compartidos con otras. La constancia sobre los exámenes, los trabajos realizados, y sus parámetros de calidad y calificación, debería estar garantizada en todo momento, sin más reservas que las establecidas por la normativa vigente sobre protección de datos. El CRUE no puede permitirse otra revelación de irregularidades antes de actuar sin evasivas. Aunque corresponde ya a los gobiernos autonómicos y al Poder Legislativo revisar tan escandalosa casuística para atajarla y, en su caso, prevenirla en la Ley.